El juez Rivera: “Era mi obligación paralizar las obras, si no lo hubiera hecho hoy estaría abierto el hotel del Algarrobico”

El juez Jesús Rivera, desde hace 25 años en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, ha dictado más de 12.000 sentencias a lo largo de su trayectoria, pero una pasó a la historia de España al paralizar las obras de un símbolo de la depredación urbanística del litoral. El 21 de febrero de 2006 dictó el auto, el 22 se notificó y el 23 a las cinco de la tarde se hizo efectiva la suspensión provisional de los trabajos del hotel del Algarrobico que ya habían rebasado el 90% de su ejecución. Entonces era el titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Almería y nunca pensó en el impacto mediático que tendría en todo el país e incluso fuera de España su resolución de 11 páginas.

“No me importaba la trascendencia que tuviese la paralización, sólo pensé que invadía la servidumbre de protección de la ley de costas y estaba en zona protegida, en suelo no urbanizable de especial protección. Desde el punto de vista del juez, sólo existe la preocupación y la obligación de dictar la resolución más justa con independencia de las consecuencias que pudiera tener”, asegura. El juez Rivera explica que el hotel estaba ya con una ejecución muy avanzada y iba a generar un “impacto bastante perjudicial” para el litoral y medio ambiente en Almería y tiene claro que si no lo hubiera paralizado con la medida cautelar, “hoy estaría abierto y a pleno rendimiento”. Por eso reconoce, en declaraciones a Diario de Almería, que “hice lo que tenía que hacer, no tenía más remedio que dictar el auto, era mi obligación paralizar las obras”.

El juez Jesús Rivera asegura que no había estado nunca en la playa de Carboneras, pero había un dictamen pericial contundente. A su juicio, “el promotor tenía perfecto conocimiento de la ilegalidad” y también señaló en su auto el posible delito de prevaricación y contra la ordenación del territorio por parte de la administración andaluza. El Tribunal Supremo le acabaría dando la razón a su argumentación en cuanto a la vulneración doble de la normativa, si bien explica que el problema técnico-jurídico que ha impedido su derribo es que la licencia municipal ha estado vigente desde 2003 hasta la actualidad. En septiembre de 2008, el juez ya acordó obligar al Ayuntamiento de Carboneras a revisar este permiso de obras, pero una miríada de recursos y pleitos cruzados han impedido que se formalizara y todavía hoy los colectivos ecologistas piden que se sancione esa actitud obstruccionista.