Ana Julia Quezada declara este miércoles por las amenazas a la madre de Gabriel Cruz

El caso por las amenazas de muerte a la madre de Gabriel Cruz, asesinado en 2018 en Las Hortichuelas, avanza con nuevas diligencias clave. Este miércoles, 23 de julio, declarará como investigada Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable por el crimen del menor, en el marco de la causa reabierta por unas amenazas que supuestamente profirió desde la cárcel de Brieva (Ávila).

Junto a ella comparecerá también su actual pareja sentimental, M.A.R.Q., también en calidad de investigada. Ambas declararán por videoconferencia: Quezada desde prisión y su pareja desde otra ubicación no precisada por el tribunal.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería ha citado además a Patricia Ramírez, madre de Gabriel, como perjudicada en la causa, así como a un ciudadano que declarará como testigo presencial. En estos dos casos, las declaraciones serán presenciales en la sede judicial.

El procedimiento se reactivó a raíz de una denuncia presentada el 31 de diciembre de 2024 por la propia Patricia Ramírez, después de recibir un testimonio de una interna que coincidió con Quezada en prisión. Esta testigo aseguró haber escuchado amenazas explícitas dirigidas a la madre del niño asesinado. Inicialmente archivado, el caso fue reabierto para la práctica de pruebas tras recurso de la acusación.

La abogada de Ramírez, Verónica Guerrero, sostiene que la pareja de Quezada pudo actuar como intermediaria en la transmisión de las amenazas, motivo por el que solicitó expresamente su citación judicial como investigada. El juzgado ha accedido a dicha solicitud y ha fijado la comparecencia para este miércoles.

Las amenazas se enmarcarían, según la denuncia, en un intento de represalia por parte de Ana Julia Quezada, quien habría expresado su intención de “vengarse” de Ramírez por haber frustrado un documental que planeaba grabar desde prisión, con la ayuda presuntamente de funcionarios que le habrían facilitado teléfonos móviles. Este aspecto está siendo investigado en una causa paralela en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Ávila, donde se dirime también si Quezada recibió favores sexuales a cambio de grabaciones.

“Después de ocho años no ha habido una sola investigación patrimonial de Ana Julia. No ha pagado nada, no se le ha embargado nada, y mientras tanto puede estar ganando dinero con un documental”, denunció Patricia Ramírez en una comparecencia pública celebrada en mayo en Almería.

La madre del niño asesinado manifestó también haber recibido llamadas telefónicas sospechosas tras poner en conocimiento de las autoridades penitenciarias y judiciales las amenazas recibidas, y reclamó mayor protección institucional ante una situación que consideró “revictimizante”.

Ana Julia Quezada fue condenada en 2019 a prisión permanente revisable por asesinar a Gabriel Cruz, de ocho años, el 27 de febrero de 2018 en Níjar, ocultando su cuerpo durante doce días en una finca del padre del menor. La sentencia fue ratificada por el Tribunal Supremo. El caso sigue generando ramificaciones judiciales más de siete años después.