Aqualia responde a la familia sin suministro en Santa Fe: "No lo autoriza el propietario de la vivienda"

La empresa Aqualia no presta suministro a una familia del barrio de Torrealta en Santa Fe de Mondújar que ha presentado denuncia ante la Guardia Civil porque asegura que no son los propietarios del inmueble y para que puedan tener el contrato necesitan esa autorización. La empresa concesionaria del servicio en los municipios del Bajo Andarax desmiente por completo la acusación de amenazas que han realizado los afectados por la falta de abastecimiento en su vivienda asegurando que en todo momento se les ha tratado con el máximo respeto y se les ha explicado los requisitos necesarios para que se pueda restablecer el servicio. Desde Aqualia informan que tampoco han hecho frente al pago de una deuda de aproximadamente dos mil euros derivada de un enganche ilegal, mediante un latiguillo, y el reglamento andaluz de la Junta establece que es necesaria esa liquidación para que puedan recibir el suministro.

Desde la concesionaria se les han dado varias opciones para realizar el pago fraccionado, entre las que se incluye la opción del contrato en precario con tarifa industrial que se ofrece a otras familias que se encuentran en núcleos diseminados de zonas rurales. Aqualia también a explicado a este periódico que se han recibido varias peticiones por parte de los afectados para la formalización de un nuevo contrato, pero que no pueden materializarse hasta que el propietario de la vivienda, que es un familiar de los afectados, así lo determine con su autorización. Si se realiza un contrato sin que lo consienta el propietario estarían favorenciendo, según indican fuentes de la compañía, la okupación de viviendas y la prestación de servicios a los que las okupan.

Por último, en lo relativo a la denuncia de la familia afectada de que tienen un menor con un 70% de discapacidad que no han tenido que retirar temporalmente del instituto al no poder garantizarle condiciones mínimas de higiene como disponer de ropa limpia, desde Aqualia invitan a la familia a poner su caso particular en conocimiento de los servicios sociales del Ayuntamiento de Santa Fe para que les presten asesoramiento municipal sobre las opciones que tienen para que les garanticen el acceso a los servicios básicos. La familia presentó una denuncia ante la Guardia Civil mediante un escrito registrado como diligencia de inicio por infracción penal en el que se califican los hechos como un posible delito de amenazas y ha sido elevado para su tramitación conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal.