Una familia denuncia a la concesionaria del agua por no autorizar el suministro en Santa Fe de Mondújar

La Guardia Civil ha incoado diligencias tras la denuncia presentada por una vecina de Santa Fe de Mondújar contra la empresa Aqualia, responsable del suministro de agua en la zona, a la que atribuye un presunto delito de amenazas por negarse a restablecer el servicio de abastecimiento en su vivienda. Según consta en la denuncia, registrada este lunes en el cuartel de la Guardia Civil de Gádor, la perjudicada señala que su familia lleva alrededor de ocho meses residiendo en una vivienda situada en el barrio de Torrealta, y que desde hace tres meses carecen de suministro de agua, pese a que en el domicilio reside un menor con un grado de discapacidad del 70 %.

La denunciante explica que, tras realizar hasta siete solicitudes previas, su marido volvió a contactar con la empresa Aqualia el pasado 6 de mayo para insistir en la formalización del contrato de suministro. En respuesta, asegura que la compañía comunicó una penalización de un año sin servicio y que, en su caso, solo podrían restablecer el agua “en precario”, término que dice desconocer. Además, durante dicha conversación telefónica, los representantes de la empresa habrían manifestado que “el suministro lo pueden cortar cuando ellos quieran”, sin tener en cuenta que en la vivienda habita un menor con una discapacidad reconocida, algo que ya les ha sido comunicado, según consta en la denuncia.

La denunciante señala que esta situación ha obligado a retirar temporalmente al menor del instituto al no poder garantizarle condiciones mínimas de higiene, como disponer de ropa limpia.Preguntada por las posibles razones de la negativa de Aqualia, la denunciante afirma que la vivienda fue anteriormente ocupada por personas investigadas por un presunto cultivo de marihuana. No obstante, asegura desconocer si estas personas realizaron algún tipo de fraude en el consumo del agua, más allá de que los recibos eran abonados pero posteriormente reclamados.

El escrito, registrado como diligencia de inicio por infracción penal, califica los hechos como un posible delito de amenazas y ha sido elevado para su tramitación conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La compañía ha desmentido las acusaciones realizadas por esta familia en la denuncia y asegura que no pueden autorizar el suministro porque no son los propietarios del inmueble, condición que impide la realización de cualquier contrato, además de que todavía no han liquidado el importe correspondiente a un enganche ilegal que fue desmantelado por los técnicos de Aqualia.