La cara oculta del campo de Níjar: más de 1.300 personas viven en infraviviendas dispersas entre los invernaderos

A simple vista, el mar de plástico de Níjar es un entramado ordenado de invernaderos, caminos agrícolas y cortijos dispersos entre cultivos. Sin embargo, detrás de esa imagen productiva y aparentemente eficiente, se esconde una realidad invisible: centenares de personas —la mayoría migrantes— viven en condiciones indignas en construcciones dispersas que no aparecen en los registros oficiales ni en los planes públicos. Es la cara oculta de la agricultura intensiva, la que se desarrolla “bajo el plástico y sobre el silencio”.

Así lo denuncia el informe La infravivienda invisibilizada, presentado por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM)-Almería tras un intenso trabajo de campo realizado esta primavera. Por primera vez, una investigación documenta con datos y testimonios la existencia de unas 470 infraviviendas diseminadas por el campo nijareño. En ellas residen entre 1.250 y 1.400 personas, incluyendo al menos 275 menores de 14 años. En los escenarios más altos de estimación, el número de menores podría superar los 480.

El informe documenta que muchas de estas edificaciones son “cortijos, casetas, almacenes o remolques reconvertidos en viviendas”, con serias carencias: aislamiento, falta de agua potable, ventilación insuficiente o electricidad inestable.

Casas ocultas, derechos bloqueados

Estas formas de infravivienda rural diseminada no tienen la visibilidad mediática de los asentamientos chabolistas, pero comparten con ellos el mismo grado de exclusión y precariedad. En muchos casos, quienes viven allí no están empadronados, lo que les impide acceder a servicios básicos, trámites administrativos o la escolarización de sus hijos.

“Estas edificaciones suelen estar ubicadas dentro de fincas de propiedad privada, lo que restringe aún más el acceso y dificulta cualquier tipo de intervención”, señala el informe. La dispersión geográfica, la falta de registros oficiales y la invisibilidad de estas viviendas hacen que sus habitantes queden fuera del radar institucional.

El equipo del SJM ha desarrollado una metodología propia basada en la observación directa y en lo que denominan “indicios vitales” de habitabilidad, combinando mapas, análisis catastral y entrevistas.

Vidas invisibles en casas ruinosas

Entre los relatos recogidos, sobresalen historias de resistencia y dignidad cotidiana, marcadas por el aislamiento, la incertidumbre y la falta de alternativas.

Ahmed vive con un amigo en un cortijo sin contrato ni alquiler. “No somos vigilantes, pero el jefe sabe que si estamos nosotros no hace falta alarma”, cuenta. El baño está fuera de la casa, no hay televisión, y el agua se compra en el pueblo.

Aminata, embarazada de cinco meses, comparte un cortijo con seis hombres. “Cuando mi marido no está, me quedo adentro. No me siento segura. Me da miedo. Esta agua no es buena, me pica la piel. Y tengo miedo por el bebé”.

Dauda, trabajador agrícola de Mali, paga 65 euros al mes por una habitación en un cuarto pegado a un almacén. “La luz va y viene. El agua no se puede beber. No puedo enseñar a mi familia cómo vivo aquí. Ellos piensan que en Europa se vive bien”.

Souleyman y Fátima, con dos hijos pequeños, viven también dentro de una finca. “El problema son los niños. Aquí no hay nada. No pueden invitar a nadie, ni tienen dónde jugar. Todo el día solos. Y eso nos duele”.

Un fenómeno estructural, no puntual

Uno de los principales mensajes del estudio es que esta realidad no es marginal ni transitoria. Es estructural. Está incrustada en el modelo agrícola de la comarca, que depende de mano de obra barata y disponible, pero no garantiza condiciones de vida dignas para quienes sostienen el sistema.

El documento define el fenómeno como una “infravivienda silenciosa, desarticulada, diseminada... y sin embargo extensa, grave y estructural”. El problema afecta especialmente a hombres jóvenes solos, pero también a mujeres embarazadas, familias con menores, personas en situación regular e irregular.

El INE estima que casi el 20 % de la población de Níjar vive en diseminados. De las 6.568 personas empadronadas en estos núcleos, más del 75 % son extranjeras. Y en parajes como Atochares o Albaricoques, este porcentaje supera el 85 %. Más de 1.000 menores residen oficialmente en estos entornos, con tasas especialmente altas en Campohermoso o Saladar y Leche. Aunque no todos viven en infraviviendas, el informe alerta de que una parte significativa lo hace en condiciones indignas que impactan en su salud y desarrollo.

Una política que se queda corta

Desde 2023, Andalucía cuenta con un Plan Estratégico para la Erradicación de Asentamientos Irregulares (Plan EASEN), que ha impulsado la elaboración de planes municipales, como el de Níjar, aprobado en junio de 2024. Pero el informe del SJM advierte de un riesgo evidente: que estos planes centren todos sus recursos en los asentamientos chabolistas más visibles, dejando fuera las formas ocultas de infravivienda rural.

La experiencia en el Poniente almeriense muestra que se ha optado por demoler sin alternativas, o por desplazar los asentamientos a zonas de difícil acceso, fuera de la mirada pública. Casos como el de El Walili (Níjar), demolido en 2023, o el de Almericién (El Ejido), en 2019, ilustran esa tendencia a invisibilizar en lugar de integrar.

En Níjar, muchos de los cortijos citados ya aparecen en estudios de hace 20 años. Algunos, como Almaraz, Bermejo o San Bernardo, siguen habitados en 2025, en peores condiciones. Otros, como el de El Calvo o Los Granadinos, se han convertido en núcleos estables de infravivienda no reconocida.

Lo que pide el SJM: planes rurales, corresponsabilidad y verdad

El SJM-Almería plantea una batería de propuestas concretas. La principal: ampliar el foco de las políticas públicas y no limitarse a erradicar lo que se ve. Es necesario diseñar un plan integral para el medio rural, que combine rehabilitación de cortijos, realojos dignos, acompañamiento social e intervención urbanística adaptada. Este plan debería estar financiado con fondos del Plan Vive en Andalucía y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) europeo.

El informe también pide implicar al sector agrícola en la creación de alojamientos dignos, sin que toda la carga recaiga sobre las administraciones o las ONG. “Es una cuestión de justicia y de sostenibilidad del modelo”, afirma el texto.

Y, sobre todo, reclama visibilizar esta realidad. “La inacción no es neutral. Es una forma de violencia. Nos hemos acostumbrado a que haya personas viviendo sin agua, sin baño, sin ventanas, sin futuro. Eso debería interpelar a toda la sociedad”.

“Hablar de infravivienda es hablar de racismo estructural, de deshumanización, de falta de derechos”, señala Ángeles Arjona, directora del CEMyRI de la Universidad de Almería, en el prólogo del documento.

El informe concluye con un llamamiento a la acción: erradicar la infravivienda no solo es una meta habitacional. Es una obligación democrática.