Carboneras traslada al TSJA la modificación del PGOU para cumplir la sentencia sobre El Algarrobico

El Ayuntamiento de Carboneras ha aprobado este jueves en pleno la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para adaptarlo a la sentencia 634/2018 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que declaró como suelo no urbanizable de especial protección los sectores ST-1 y ST-2, donde se levantó el hotel de El Algarrobico. El acuerdo, que da cumplimiento formal a lo requerido por el tribunal, ha sido aprobado con los votos a favor del PP, el alcalde Salvador Hernández (PP) y el edil no adscrito (aunque técnicamente aún en el PSOE) Andrés Belmonte, una abstención (Felipe Cayuela, aún en el grupo del PP) y la no participación en la votación de tres concejales del PSOE, lo que quedará reflejado como abstención en el acta.

El punto, que figuraba en el orden del día como “aprobación de modificación parcial del PGOU en cumplimiento de sentencia judicial 634/2018”, busca trasladar oficialmente al planeamiento urbanístico el fallo firme del TSJA, que anuló la clasificación urbanística previa y dejó sin cobertura legal la licencia de obras del hotel promovido por Azata del Sol.

La propuesta fue dictaminada favorablemente el día anterior por la comisión informativa con tres votos del PP y dos abstenciones del PSOE. En el pleno, ha sido defendida por el alcalde Salvador Hernández (Cs), que ha asegurado que el trámite responde estrictamente al requerimiento judicial. “El TSJA nos ha ordenado publicar y para eso tiene que pasar por pleno. No hay nada más”, ha afirmado el regidor, que ha celebrado además que la Junta de Andalucía haya propuesto al Gobierno central un acuerdo “similar al de Doñana” para cerrar definitivamente el conflicto del Algarrobico mediante la expropiación de los suelos.

La modificación urbanística se remite ahora al Tribunal para su validación, después de que este haya advertido al Ayuntamiento de un posible incumplimiento y haya requerido incluso la identificación del funcionario responsable. La decisión del pleno pretende evitar una eventual multa coercitiva, como ya insinuó el tribunal en la última providencia, y busca confirmar que el planeamiento vigente recoge de forma literal la protección ordenada judicialmente.

Cruce de reproches

El debate plenario ha derivado en un duro enfrentamiento político. El concejal socialista Francisco Capel ha acusado al alcalde de “ocultar documentación judicial y administrativa” y de promover un acuerdo “ilegal” que intenta “blanquear actuaciones de alcaldía para eludir el cumplimiento de la sentencia”. Capel ha leídp el informe de la secretaria municipal, que insiste en que el Ayuntamiento debe limitarse a reflejar la protección ordenada judicialmente sin reinterpretar ni alterar el planeamiento.

Además, ha denunciado que “el pacto de moción de censura firmado entre Ciudadanos y PSOE en 2024 ha sido incumplido por completo” y ha advertido de que “se está dejando al margen cualquier posibilidad de solución consensuada al conflicto del Algarrobico”. Según Capel, el expediente carece de informes esenciales y se apoya en “planos y documentos no vigentes”.

El alcalde ha respondido con dureza. Se refirió a Capel como portavoz de un “ventrílocuo” que, según dijo, actúa desde la sombra movido por rencores personales. “Este tema es una pesadilla. Llevamos dos décadas en los tribunales y ya hemos gastado cientos de miles de euros en defensa jurídica. Si a eso le sumamos horas de personal técnico, secretaría y urbanismo, el coste supera el millón”, ha lamentado.

Salvador Hernández ha defendido que, a pesar de la “judicialización eterna” del caso, lo único que se ha votado es el traslado literal de la protección al PGOU. “Aquí hay que aprobar lo que nos ordena el TSJA. Y ya está”, ha remachado.

Un paso más en un conflicto enquistado

La modificación aprobada este jueves constituye un paso clave en la ejecución de las sentencias firmes que afectan al hotel del Algarrobico, cuya licencia ya fue anulada por el propio Ayuntamiento en el pleno del 11 de julio, en otro expediente igualmente polémico.

Desde la moción de censura que dio la alcaldía a Salvador Hernández con apoyo del PSOE, el conflicto urbanístico se ha agravado con acusaciones mutuas, fracturas internas y choques institucionales. La falta de consenso entre administraciones ha sido uno de los principales obstáculos para ejecutar la demolición del hotel, considerada “urgente” por ecologistas y por el Gobierno de España.

La reciente propuesta de la Junta de Andalucía de alcanzar un acuerdo “como el de Doñana” para indemnizar a los propietarios del hotel y cerrar definitivamente el conflicto ha sido valorada por el alcalde como una vía “viable y sensata”, aunque aún sin concreción. Mientras tanto, los tribunales continúan exigiendo el cumplimiento estricto de sus resoluciones.

El futuro del Algarrobico sigue en juego. Pero este jueves, al menos sobre el papel, Carboneras ha dicho al TSJA: aquí está lo que pidió. Falta saber si el alto tribunal lo considera suficiente.