Choque frontal entre Ecologistas y el Estado por los testigos del caso Palomares

El litigio por la descontaminación de Palomares ha entrado en una fase de máxima tensión jurídica. Ecologistas en Acción ha impugnado este martes el recurso de la Abogacía del Estado que pedía dejar fuera del juicio a varios testigos y peritos clave, entre ellos el científico que diseñó el plan de limpieza de la pedanía cuevana contaminada por plutonio desde 1966.

En un escrito remitido a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, los ecologistas defienden que cumplieron escrupulosamente la ley al presentar sus pruebas, y acusan al Estado de lanzar “argumentos incongruentes” con el único objetivo de evitar que se escuche a quienes conocen a fondo la situación real del suelo afectado.

Uno de los puntos más polémicos es la figura de Carlos Sancho Llerandi, exjefe del programa de recuperación radiológica del CIEMAT. Según Ecologistas, es el autor del Plan de Rehabilitación de Palomares (PRP) firmado en 2010, y su testimonio resulta esencial para saber si ese plan se desarrolló completamente y por qué aún no se ha ejecutado.

La Abogacía del Estado argumenta en su recurso que el plan nunca llegó a aprobarse formalmente por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y que Sancho no presentó informe alguno como perito en este procedimiento. Ecologistas responde que esa distinción es irrelevante, ya que el documento sí fue elaborado por él y firmado con su nombre, y que se le propone como perito-testigo, una figura válida y habitual en los contenciosos administrativos.

La federación ambientalista también reclama que se escuche a Nieves Sánchez Guitián, presidenta de la Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear (ASTECSN) y del Colegio de Geólogos. Su nombre aparece en un documento presentado como prueba en el que se defiende la urgencia de embidonar los residuos y establecer un almacén temporal. Ecologistas subraya que no solo respondería a sus preguntas, sino también a las de la Abogacía del Estado si así lo solicita el tribunal.

Prueba “ordenada” y respuesta al Estado

En su impugnación, los ecologistas niegan haber infringido el artículo 60 de la ley procesal, como sostiene el Estado. Argumentan que han expuesto los hechos y medios de prueba de forma estructurada, señalando en cada propuesta los puntos concretos que deben acreditarse. Además, critican que la propia prueba del Estado es ambigua, al referirse genéricamente a una “revisión internacional” sin incluir el informe más reciente de la Comisión Europea, fechado en junio de 2019, que afirma: “La recomendación de 2010 relativa a la remediación del área contaminada de Palomares no se ha implementado”.

Ecologistas denuncia también la “incongruencia” de la Abogacía al recurrir un auto que, paradójicamente, ya había rechazado incluir como testigos a los expertos ahora impugnados. “La propia estructura del recurso del Estado no se sostiene”, afirman en su escrito, donde piden que se desestime por completo.

En juego: seis mil toneladas contaminadas

La Audiencia Nacional debe resolver ahora los recursos cruzados —el de Ecologistas y el del Estado— junto con sus respectivas impugnaciones. Solo entonces se sabrá qué pruebas se admitirán definitivamente en este procedimiento, que busca una resolución histórica: la limpieza de los suelos contaminados con plutonio tras el accidente nuclear de 1966, que sigue siendo uno de los mayores pasivos ambientales del Estado español.

Ecologistas insiste en que hay 6.000 toneladas de tierra afectada que siguen sin descontaminar, y que el actual bloqueo técnico y político debe superarse con un mandato judicial firme. La Abogacía del Estado, en cambio, sostiene que el plan de limpieza no es jurídicamente vinculante y que muchas de las pruebas solicitadas carecen de validez formal.

La pelota vuelve ahora al tejado de la Sala.