Las claves y orígenes del tiroteo mortal de la gasolinera de Berja: cuando la sangre llama a la sangre

El crimen de la gasolinera de Berja, que el pasado 2 de mayo sacudió la tranquilidad de la comarca del Poniente y dejó el cadáver de un hombre de 37 años acribillado junto a los surtidores, no fue un estallido de violencia espontáneo. Fue el último acto, la sentencia final, de una tragedia griega escrita con pólvora dos meses antes y a veinte kilómetros de distancia. El juicio, que se celebrará ante un Tribunal del Jurado según se confirmó en la comparecencia de imputación celebrada el pasado miércoles, no solo tendrá que dirimir sobre balística y trayectorias, sino sumergirse en una espiral de odio entre clanes familiares donde la única ley vigente parecía ser la del Talión: vida por vida.

Para entender por qué Jonatan G.S. murió asesinado ante la mirada de su hijo de 13 años en Berja, hay que rebobinar la cinta hasta la madrugada del 7 de marzo de 2025 en el barrio de La Loma de la Mezquita, en El Ejido. Allí, en un entorno deprimido y bajo la ley del silencio, se fraguó el "pecado original" que desencadenaría la cacería posterior.

El origen: un triángulo amoroso y dos cadáveres

Aquella madrugada de marzo, los vecinos de la calle Francisco Ayala se despertaron con el sonido seco de los disparos. Lo que la Policía Nacional y la Guardia Civil encontraron al llegar fue el desenlace fatal de lo que los investigadores calificaron como un "triángulo amoroso" mortal. Un hombre de 30 años, Raúl H. G., había descubierto una presunta relación sentimental entre una mujer de su entorno y un menor de 16 años, C. J. F. G..

Cegado por los celos, Raúl persiguió al adolescente, que intentó huir en un taxi, y le disparó en el costado, acabando con su vida. Minutos después, incapaz de afrontar las consecuencias o temiendo la represalia inmediata, Raúl se quitó la vida con la misma arma corta.

Sobre el asfalto de El Ejido quedaron dos cuerpos, pero se abrió una herida mucho más profunda. El suicida, Raúl, era primo hermano de Jonatan G.S. (la futura víctima de Berja). El menor fallecido, C. J. F. G., era hijo de Cecilio Javier F.C., el hombre que, según la investigación, juró venganza eterna y dos meses después se sentaría en el asiento del copiloto de una furgoneta para ejecutarla.

El destierro y la usurpación

La muerte del asesino de su hijo no fue consuelo suficiente para el clan de "Los Cecilios", asentados en la barriada de Matagorda, concretamente en el conflictivo avispero del Pozo de la Tía Manolica. Según consta en los atestados de la Guardia Civil, la familia del menor fallecido dictó sentencia de muerte contra todos los parientes de Raúl. "Tenía que morir también un niño al haber muerto uno de la familia de ellos", llegaron a proferir, según testigos protegidos y familiares.

La presión fue insostenible. La familia de Jonatan G.S., conocidos como "los Nicolases", recibió amenazas tan creíbles y directas que se vieron obligados a un destierro forzoso. Huyeron precipitadamente de sus viviendas en la localidad de Santa María del Águila, abandonando su vida y sus propiedades para ocultarse fuera de la provincia, en zonas de Granada y Motril, temiendo ser los siguientes en la lista.

Pero la venganza de "Los Cecilios" no se limitó a la amenaza física; tuvo también un componente económico y de humillación. Aprovechando el vacío de poder y la huida de sus enemigos, los ahora acusados presuntamente usurparon las viviendas vacías de la familia de Jonatan y las vendieron ilegalmente a terceros. Miguel Ángel F.C., hermano de Cecilio y tío del menor fallecido en marzo, figura en las investigaciones como el presunto gestor de estas transacciones fraudulentas, lucrándose con el patrimonio de aquellos a quienes habían expulsado.

La trampa: volver para cobrar

La fatalidad quiso que Jonatan G.S. decidiera dejar su escondite. El 1 de mayo, apenas 24 horas antes de su muerte, regresó a Almería con un objetivo: dinero. No buscaba sangre, sino recuperar parte de lo perdido. Según la investigación, Jonatan intentó contactar con los nuevos ocupantes de las casas usurpadas en Santa María del Águila para exigirles el pago de una "deuda" por las viviendas que su familia había perdido.

Fue un error de cálculo fatal. Sus gestiones para cobrar el dinero alertaron a sus verdugos de que la presa había vuelto a su territorio. La información voló hasta el Pozo de la Tía Manolica: Jonatan estaba en la zona. La maquinaria de la venganza, engranada por el dolor de la pérdida del hijo y el odio acumulado, se puso en marcha de inmediato.

La ejecución en la BP: 2 de mayo, 15:49 horas

El escenario final fue la gasolinera BP de Berja. Jonatan llegó allí en su Seat Altea rojo, acompañado por su hermano Nicolás y por su hijo, un niño de apenas 13 años. Probablemente, se sentían seguros a la luz del día y en un lugar público. No sabían que una furgoneta Renault Trafic blanca ya les había localizado.

Las cámaras de seguridad del establecimiento, una prueba capital en la causa, registraron la secuencia con una frialdad matemática. A las 15:49 horas, la furgoneta de los acusados entró en la estación de servicio y se detuvo a la altura del coche de las víctimas. Sin mediar palabra, sin bajarse del vehículo y con una frialdad pasmosa, el copiloto sacó un brazo por la ventanilla empuñando una pistola.

El ataque fue, en términos jurídicos, alevoso y sorpresivo. Siete disparos rompieron la tarde. Cuatro de ellos impactaron en el cuerpo de Jonatan, causándole la muerte. Otro proyectil alcanzó a su hermano Nicolás en el brazo. El niño de 13 años, objetivo potencial según la acusación, logró salvarse milagrosamente entre el caos y los cristales rotos.

La tecnología jugó una mala pasada a los agresores. Las cámaras de alta definición captaron un detalle que sería su perdición: los tatuajes del tirador. El brazo que sostenía el arma y el cuello del copiloto mostraban unos grabados en tinta inconfundibles que la Guardia Civil tardó poco en cotejar. Correspondían, sin género de dudas para los investigadores, a Cecilio Javier F.C., el padre del menor muerto en marzo. Al volante, según la instrucción, iba su hermano Miguel Ángel.

Fuego cruzado y daños colaterales

El crimen de Berja tuvo, además, una "cara B" que la defensa de los acusados podría intentar explotar en el juicio. La víctima no era un blanco indefenso en el sentido estricto. Nicolás, el hermano herido del fallecido, portaba un arma de fuego aquel día. Al ver cómo acribillaban a su hermano y huía la furgoneta de los asesinos, Nicolás desenfundó y repelió la agresión disparando contra el vehículo en fuga.

Sin embargo, el pánico y la adrenalina provocaron un error. Sus disparos no alcanzaron a los asesinos, sino que impactaron en la furgoneta de una vecina de Berja que en ese preciso instante entraba a repostar con su hija de cuatro años. Afortunadamente, las balas solo dañaron el vehículo, pero el terror de esa madre y su niña forma parte del relato de horror de aquella tarde. Nicolás, consciente de la ilegalidad, ocultó su pistola tras el lavadero de la gasolinera antes de que llegara la Guardia Civil, un movimiento que también quedó registrado por las cámaras.

El registro posterior del coche del fallecido añadió más sombras al perfil de las víctimas: en el maletero del Seat Altea, los agentes hallaron una piedra de cocaína de casi 160 gramos, hachís, una báscula de precisión y más de 27.000 euros en efectivo repartidos en diversos envoltorios. Un hallazgo que sugiere que el trasfondo del conflicto podría ir más allá de lo puramente pasional.

Hacia el juicio: Permanente revisable o absolución

Con los hermanos Cecilio Javier y Miguel Ángel en prisión provisional comunicada y sin fianza desde finales de mayo, la instrucción judicial ha entrado en su recta final. La comparecencia celebrada el pasado miércoles en el Tribunal de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Berja ha fijado las posiciones de partida para la futura batalla legal.

La Fiscalía y la acusación particular no han titubeado. El abogado Javier Salvador, del despacho Aránguez Abogados, que representa a la familia de la víctima, ha calificado los hechos como un delito de asesinato consumado (por Jonatan) y, lo que es más grave para el futuro penal de los acusados, un delito de asesinato en grado de tentativa sobre el menor de 13 años.

La estrategia de la acusación es clara y contundente: buscarán la máxima pena que contempla el ordenamiento jurídico español. Salvador ha avanzado que en su escrito de calificación solicitará la aplicación del artículo 140.1 del Código Penal. Esto se traduce en una petición de prisión permanente revisable, argumentando que el ataque puso en riesgo vital y deliberado a un menor de 16 años, una línea roja que el Código Penal castiga con su pena más severa. En la orilla opuesta, la defensa de los acusados, ejercida por la letrada Mónica Moya, ha solicitado el sobreseimiento de la causa.

El Juez Instructor ha mantenido la prisión provisional basándose en el riesgo de fuga y, muy especialmente, en el riesgo de destrucción de pruebas, dado que el arma homicida utilizada para ejecutar a Jonatan aún no ha aparecido.

El caso, que nació de un disparo en El Ejido y terminó con una ráfaga en Berja, queda ahora en manos de la ciudadanía. Será un jurado popular quien deberá decidir si Cecilio y Miguel Ángel son culpables de haber cobrado, con intereses de sangre, la deuda de dolor que creían que el destino les debía.