La directora de una escuela infantil de El Ejido cargaba lencería y obras de su casa a las cuentas del centro

La gestión de la Escuela Infantil de Las Norias de Daza, en El Ejido, costeó durante cuatro años parte de los gastos personales de su directora. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería ha condenado este miércoles a la que fuera responsable del centro educativo público tras reconocer que desvió fondos para costearse desde lencería y ropa hasta el suministro de agua de su domicilio particular.

La acusada ha aceptado una sentencia de conformidad tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía y la acusación particular ejercida por la Junta de Andalucía. El tribunal ha dictado el fallo in voce, condenándola como autora de un delito de malversación de caudales públicos y otro de falsedad en certificado oficial.

La pena de prisión impuesta es inferior a los dos años, lo que, unido a la falta de antecedentes computables, le permitirá evitar el ingreso en el centro penitenciario. La suspensión de la pena queda condicionada a que no vuelva a delinquir en el plazo legal establecido. No obstante, la condena conlleva la inhabilitación especial para empleo o cargo público, así como la privación del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Además, deberá abonar una multa de 12 euros diarios durante tres meses y asumir las costas procesales.

Para alcanzar este acuerdo y atenuar la pena, la exdirectora ha restituido íntegramente la cantidad reclamada, algo más de 2.000 euros, en concepto de responsabilidad civil por el agujero económico provocado en las arcas públicas.

Los hechos probados dibujan una gestión patrimonialista del centro entre 2017 y 2021. La directora utilizó el dinero destinado a la educación de los menores para adquirir una larga lista de efectos personales. Entre las compras cargadas a la escuela figuran lencería, prendas de vestir, calzado, maletas, productos de alimentación, terminales móviles, tabletas e incluso un televisor.

La malversación no se limitó a compras en tiendas. La investigación ha acreditado que la condenada contrató servicios estrictamente privados con fondos del colegio, incluyendo obras y reparaciones en su propia vivienda, como el suministro de agua, que resultaron carecer de cualquier justificación administrativa o educativa.

El capítulo de la falsedad documental se centra en el año 2021. Estando de baja por incapacidad temporal, y por tanto sin acudir a su puesto de trabajo, la directora confeccionó y cobró certificaciones de kilometraje falsas para inflar sus ingresos a costa de la administración. Para mantener este sistema de gastos oculto, la acusada eliminó los mecanismos de control habituales: omitió las conciliaciones bancarias, no realizó arqueos de caja y evitó elaborar los inventarios de bienes obligatorios, creando una opacidad que le permitió operar impunemente hasta ser descubierta.