La luna llena aporta la luz justa para desenvolverse con algo de más seguridad al andar por los caminos rurales de los cortijos de La Cañada, vigilados hasta casi el alba por vecinos centinelas que, cada noche, peinan la zona, principalmente para disuadir a los asaltantes que, prácticamente a diario, se cuelan en sus casas. Una patrulla ciudadana que no piensa disolverse pese a la petición de la Policía Nacional.

Incluso en esa noche de luna llena, en ruta con el grupo de vecinos al que le correspondía el turno asignado, apenas se veía. Las luces de los móviles y de las linternas les aportan en estos caminos oscuros la guía necesaria para supervisar que está todo en orden. Que no hay cacos escondidos entre los matorrales o escalando por algunas de las altas vallas que en estos cortijos han levantado sus propietarios. O eso es lo que desean, porque lo cierto es que llevan un verano, especialmente el mes de agosto, terrorífico. Más de treinta robos en sus viviendas que han proseguido en estos primeros días de septiembre con diez asaltos a añadir a esta lista de la delincuencia que les mantiene atemorizados, pero “no acobardados”.

“No vamos a dejar las batidas hasta que nos sintamos seguros. Es la decisión que hemos tomado los vecinos”, traslada la representante vecinal y presidenta de la asociación que están constituyendo, María del Mar Hernández.

La recomendación de la Policía Nacional disuadiéndoles sobre los riegos que para ellos mismos conllevan estas patrullas ciudadanas ha sido extensamente debatida en el grupo de whatsapp en el que participan el centenar de vecinos voluntarios –y seleccionados en función de la edad, “no niños, no mayores”–, para las batidas de los caminos. Se organizan en pequeños grupos, rutas y tramos horarios al objeto de cubrir la noche en Paraje Guillén, Cortijo Córdoba, Camino Cintas, Llano de La Molina y Camino de Los Sifones, donde residen unas 1.600 personas que, con tanto robo, están en pie de guerra, poniendo a toda esta zona agrícola en el punto de mira de las administraciones públicas y sus responsables.

La noche de luna llena fue tranquila, pero recuerdan momentos de tensión vividos por estos mismos caminos persiguiendo y logrando, incluso, acorralar a uno de los ladrones que fue finalmente detenido por los agentes de la Policía. Los robos a los cortijos, sin embargo, han continuado y pocos, “apenas tres o cuatro” son los que se han librado frente a otras viviendas desafortunadas que han llegado a ser asaltadas hasta ocho y nueve veces.

“No podemos dejar las casas vacías, siempre tiene que haber alguien, lo que nos impide hacer actividades con toda la familia”. La pasada Feria, una de ellas, como recuerdan. Quieren recuperar la tranquilidad perdida, razón por la que han decidido no sólo mantener las patrullas, sino abordar una serie de acciones que la próxima semana darán a conocer, mientras que la prensa de ámbito nacional también se ha interesado por la situación de estas familias. El lunes un equipo de TVE se dispone a darles voz.  Justo un día antes de que la Junta Local de Seguridad reúna a los máximos representantes en Almería de la Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil, entre otros, para analizar lo que está sucediendo y determinar qué medidas adoptar.

Además de presencia policial –que ya se ha fortalecido en estos días atrás–, los residentes de esta zona de cortijos reclaman alumbrado público. La oscuridad arropa la impunidad de los actos y, sin luz, la intervención policial exitosa se dificulta al tratarse de caminos donde es fácil esconderse tras matorrales y escabullirse. Pero llevar alumbrado no es una cuestión de un día para otro y, en este caso, se hace más complicado si cabe.

Desde el Ayuntamiento, la concejal de Urbanismo, Ana Martínez Labella, ha encargado informes técnico y jurídico para evaluar qué se puede hacer. Paraje Guillén es una zona rústica, por lo que no existe obligatoriedad de dotarla de farolas, mientras que Cortijo Córdoba se asienta sobre suelo urbano no consolidado con parcelaciones ilegales a resolver con un plan especial de reforma interior, cuya tramitación es larga y que conllevaría a los propietarios a pagar la infraestructura del alumbrado. Es más, la solución puede complicarse aún más, puesto que el Ayuntamiento reconoce la probabilidad de que estos caminos sean privados, lo que impediría inversiones públicas.