Dos de cuatro: el TSJA anula la mitad de las condenas por narcolaboratorios en El Ejido

De cuatro condenados, solo dos seguirán siéndolo. Así lo ha decidido el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha revocado parte de la sentencia de la Audiencia de Almería sobre una operación antidroga desarrollada en octubre de 2022 en un bloque de pisos de El Ejido. Los magistrados del alto tribunal han dictado la absolución de Emilio F. G. y José F. G., condenados en primera instancia a casi cuatro años de prisión y 60.000 euros de multa por presunto tráfico de drogas y fraude eléctrico.

La sentencia, notificada el pasado 25 de junio, da un vuelco al caso: el tribunal no ve pruebas suficientes para sostener que Emilio y José participaran en la explotación de las viviendas donde se cultivaba marihuana y se vendía heroína y cocaína. Su presencia en el edificio no prueba su implicación, concluye la Sala de lo Civil y Penal del TSJA.

Según los hechos probados, el piso 3D del edificio fue el epicentro de la investigación. Allí, los agentes encontraron papelinas listas para la venta, básculas, cogollos y plantas de cannabis. El inmueble era frecuentado por los ahora absueltos, pero el tribunal ha dado valor a la declaración de los policías que admitieron que la vivienda también funcionaba como ‘fumadero’.

“No tenían llaves, no residían allí, ni se les atribuye control sobre los cultivos”, señala la sentencia. A ello se suma que las vigilancias reflejaron que el acceso a las viviendas era gestionado por Joaquín M. G., el tercer procesado y único de los cuatro que no recurrió con éxito.

Emilio y José F. G. estuvieron representados por la letrada penalista Mónica Moya Sánchez, cuya defensa se centró en la falta de pruebas directas y la vulneración del derecho a la presunción de inocencia. El TSJA da por buenos sus argumentos y les absuelve de todos los cargos. Las costas procesales impuestas en la primera sentencia quedan sin efecto.

Condenas firmes para Joaquín M. G. y Diego U. C.

Donde sí se mantiene el peso de la ley es sobre los otros dos implicados. Joaquín M. G. ha sido condenado a cuatro años y seis meses de cárcel y a 70.000 euros de multa. Los jueces consideran probado que gestionaba dos viviendas, las 3D y 2A, ambas reconvertidas en auténticos laboratorios de producción y venta de estupefacientes. “No era venta ocasional: era un punto fijo de distribución de cocaína y heroína”, subraya la sentencia. También mantenía un doble cultivo de marihuana en ambas casas y había manipulado las instalaciones eléctricas.

En cuanto a Diego U. C., el TSJA confirma su responsabilidad como usuario habitual del piso 3A, donde se encontró una plantación de 180 plantas, un enganche fraudulento a la red eléctrica y una pistola con 97 cartuchos escondida en un compresor de aire acondicionado.

Aunque el acusado negó tener relación con esa vivienda, el tribunal considera que las vigilancias policiales lo sitúan como usuario y custodio de las instalaciones. Por ello, mantiene la triple condena: dos años por cultivo de marihuana, un año y dos meses por tenencia ilícita de armas y ocho meses de multa por fraude eléctrico.

La operación policial que dio origen al caso tuvo lugar el 6 de octubre de 2022, cuando se registraron simultáneamente varias viviendas del mismo bloque. En total, se intervinieron más de 370 plantas de marihuana, diversas cantidades de cocaína, heroína y hachís, así como útiles para el cultivo y la venta, incluyendo básculas de precisión y sistemas de climatización industrial.

La sentencia ahora parcialmente revocada había condenado a los cuatro procesados como coautores de una red organizada. Sin embargo, tras la revisión del TSJA, solo dos mantienen condena firme, mientras que los otros dos recuperan plenamente su presunción de inocencia.