Declaran culpable al acusado de matar a golpes a un compatriota rumano en un cortijo de Níjar

Un jurado popular ha declarado este lunes culpable de un delito de asesinato con alevosía al hombre acusado de provocar la muerte de un compatriota tras golpearlo mientras dormía en el cortijo en el que ambos residían en el término municipal de Níjar.

El veredicto leído por el portavoz del jurado ante el tribunal presidido por la magistrada Társila Martínez establece que entre las 22:30 horas del 16 de junio de 2021 y las 02:30 horas del día siguiente, el acusado fue a la habitación de la víctima con intención de causarle la muerte.

Se ha valorado la declaración de una tercera persona, de nacionalidad rumana que residía en el cortijo, quien al escuchar los gritos acudió a este cuarto y vio al procesado golpeando a la víctima.

Además se ha negado que se produjese una pelea, ya que el agredido acabó ingresado con heridas graves en el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, mientras que el acusado no presentaba lesiones, ni solicitó asistencia médica, según los guardias civiles que han declarado en la vista, así como por lo manifestado por otro testigo.

El agredido falleció el 18 de agosto de dicho año a causa del traumatismo cráneo encefálico que provocaron los golpes del procesado, de riesgo vital según los forenses y que además originaron una infección por sepsis en el perjudicado, que tenía sus sistema inmune deprimido, aunque según los forenses el golpe recibido en la cabeza era "mortal de necesidad".

A partir de las declaraciones del acusado y de los testigos de la causa han concluido que el único autor del asesinato fue el procesado, quien además era totalmente consciente de lo que hacía, ya que no tenía "signos de afectación etílica que lo pudieran exculpar de los hechos.

Una vez han mostrado su parecer desfavorable a la suspensión de penas o indulto del investigado, la fiscal ha ratificado su petición de 20 años de prisión por un delito de asesinato, y ha solicitado además que el acusado no pueda aproximarse al lugar de residencia de la víctima durante 30 años, con prohibición expresa de acercarse a menos de 500 metros o de comunicarse con la hermana del fallecido, para la que pide una indemnización de 120.000 euros, mientras que la acusación particular ha reclamado 22 años de prisión.