La defensa del caso Lucca alega que el niño murió por curanderismo y negligencias domésticas

El proceso judicial por la muerte de Lucca, el niño de cuatro años cuyo cuerpo fue hallado en la localidad de Garrucha, ha dado un giro significativo tras la presentación de la estrategia de la defensa. Los letrados del investigado, J. D. R. C., han remitido al juzgado una tesis que descarta por completo la intención criminal, situando el origen del trágico desenlace en una serie de prácticas domésticas erróneas y creencias supersticiosas.

Según el escrito de la defensa, el fallecimiento del menor no debe ser considerado un crimen doloso. Por el contrario, argumentan que se produjo una «cadena de imprudencias graves» derivadas de una gestión sanitaria nefasta en el entorno privado. Los abogados insisten en que en ningún momento existió ánimo de causar daño, ensañamiento ni voluntad de acabar con la vida del pequeño.

Uno de los puntos más controvertidos de esta argumentación es la práctica del denominado «sobado». Se trata de masajes abdominales intensos, propios del curanderismo, que habrían sido aplicados al niño por personas carentes de cualquier formación sanitaria. La defensa sostiene que estas maniobras, realizadas con la convicción de que aliviarían el dolor del menor, pudieron en realidad agravar lesiones internas previas.

A este factor se añade una automedicación constante y sin supervisión profesional. Los abogados señalan que se administró ibuprofeno al niño de forma continuada, basándose en consultas realizadas en internet. Alegan que este fármaco pudo interferir gravemente en la coagulación sanguínea, transformando lo que podría haber sido una dolencia tratable en una hemorragia con desenlace fatal.

La influencia de la superstición

El relato defensivo no obvia el componente religioso y pseudocientífico. Se menciona expresamente la sustitución de la medicina profesional por el uso de «agua bendita» y supuestas «limpiezas». Según esta versión, los cuidadores interpretaron erróneamente ciertos síntomas como una mejoría, cuando el cuadro clínico de Lucca ya era crítico y requería atención hospitalaria urgente.

Los letrados admiten que se cometieron errores de valoración médica extremadamente graves. Sin embargo, recalcan que estos fallos nacieron de la ignorancia y la superstición, no de un desprecio hacia la vida del menor. Para la defensa, las decisiones adoptadas fueron equivocadas pero bienintencionadas dentro del sistema de creencias de los investigados.

Pruebas aportadas a la causa

Para sustentar esta versión de los hechos, se han aportado al juzgado 22 grabaciones de audio grabadas durante los días anteriores al fallecimiento. Estos documentos son, para la defensa, la prueba de que no existía un «clima de terror». Afirman que en los audios se escucha al menor hablar con normalidad y convivir en un entorno cotidiano carente de violencia física intencional.

Asimismo, subrayan que el estado de salud del niño no se ocultó a la familia. Mediante mensajes, llamadas y fotografías, los cuidadores informaron a otros parientes sobre la evolución de Lucca. Para sus abogados, este flujo de comunicación descarta cualquier intento de gestión clandestina o de ocultación deliberada de lo que estaba sucediendo en el interior de la casa.

Desde la perspectiva médica que propone la defensa, la muerte fue el resultado de una «combinación de factores» fatales: una enfermedad no diagnosticada, maniobras físicas inadecuadas y la ausencia de una intervención sanitaria de emergencia. Todo ello habría configurado un escenario de deterioro progresivo que los cuidadores no supieron interpretar correctamente.

Finalmente, la representación legal de J. D. R. C. solicita que los hechos sean calificados como homicidio imprudente por negligencia grave. Rechazan frontalmente las acusaciones de asesinato u odio, insistiendo en que el caso es el reflejo de las consecuencias trágicas que pueden acarrear la desinformación médica y el recurso a prácticas pseudoterapéuticas en situaciones de riesgo vital.