La desaladora del Bajo Almanzora mete a Cañete en el caso Acuamed

Un correo electrónico ha puesto en el ojo del huracán al exministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, actual comisario europeo de Energía y Clima. El e-mail fue remitido el 18 de febrero de 2014 por la actual vicepresidenta de Acuamed, Liana Ardiles, en aquel entonces directora general del Agua, a Arcadio Mateo, exdirector general de Acuamed para solicitar información sobre la desaladora del Bajo Almanzora de cara a una reunión de Cañete con los responsables de FCC, adjudicataria del proyecto.

El documento fue hecho público ayer por la Cadena Ser, recordando que en aquella época FCC solicitaba 40 millones para reparar los daños provocados en esta desaladora por las inundaciones de 2012, cuantía que fue incluida en los Presupuestos Generales del Estado, a pesar de que los técnicos señalaban que debía ser la concesionaria la que debía afrontar los costes, según la información adelantada por este medio.

Horas más tarde, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente salía al paso para reconocer que Cañete, participó en una reunión FCC, si bien negó que se aprobaran pagos irregulares. En un comunicado en respuesta a informaciones periodísticas en torno a la presunta implicación de Cañete en el caso Acuamed, el Ministerio aclaró que el 24 de febrero de 2014 su entonces titular se reunió con representantes de FCC, acompañado por el abogado del Estado.

Asimismo, el Ministerio especificó que la reunión fue solicitada por FCC e incluida en la agenda del ministro, que, para la celebración de la misma, pidió información a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente sobre la situación del proyecto de desaladora del Bajo Almanzora en Almería, promovido por Acuamed y adjudicado en 2006 a la Unión Temporal de Empresas (UTE) de la que formaba parte la citada compañía.

El Ministerio asegura que en ese encuentro, FCC reclamó una indemnización por los daños en la desaladora del Bajo Almanzora, provocados por la riada ocurrida en septiembre de 2012, y estimó que Acuamed debía hacerse cargo de la reparación de estos daños.

Cañete trasladó a los representantes de FCC la necesidad de que la Abogacía del Estado analizara dicha situación, con el fin de evaluar las responsabilidades de cada parte; "siendo ésta la única conclusión de la reunión celebrada el 24 de febrero de 2014", según el comunicado.

El ministerio añade que ni la liquidación correspondiente a los trabajos de la UTE en el contrato del proyecto del Bajo Almanzora ni su reclamación sobre los daños ocasionados por esa riada han sido abonados por Acuamed, cuyo Consejo de Administración nunca aprobó "ni estas liquidaciones ni el pago de los costes de reparación", y que la "única" partida de la sociedad Acuamed relativa a la reparación de la desaladora corresponde a los presupuestos de 2016 y asciende a 14,5 millones, pero no ha sido ejecutada, ya que es una habilitación de crédito, sin constituir "obligación alguna de gasto".

Por otro lado, la Comisión Europea rehusó ayer pronunciarse sobre este asunto, de forma que el portavoz comunitario Margaritis Schinas, recalcó que en España hay una "investigación judicial abierta" y que la "Comisión Europea (CE) no comentará mientras dure esta investigación".