Desarticulada una trama que defraudó 12 millones de euros en IVA con ramificaciones en Almería
Cuatro personas han sido arrestadas fuera de Málaga, una de ellas en la provincia almeriense, en el marco de una operación contra el fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos
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Una organización criminal dedicada al fraude masivo en el sector de los hidrocarburos ha sido desarticulada en una operación conjunta de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, con una decena de detenidos y un daño estimado a la Hacienda Pública superior a los 12 millones de euros en concepto de IVA no ingresado durante los ejercicios fiscales de 2022 y 2023.
Uno de los arrestos se ha producido en la provincia de Almería, según han confirmado fuentes oficiales.
La denominada operación ‘Capibara’, desarrollada bajo la coordinación del Juzgado de Instrucción nº 1 de Málaga, ha permitido desmantelar un entramado empresarial con sede social en Málaga pero con actividad y vínculos en varias provincias, incluida Almería. Se han practicado registros simultáneos el pasado 8 de julio en cinco territorios distintos: Málaga, Almería, Córdoba, Asturias y Vizcaya, interviniéndose 193.200 euros en metálico, abundante documentación mercantil y fiscal, así como pruebas digitales que aún están siendo analizadas.
El fraude: vender carburantes sin ingresar el IVA
La investigación, iniciada a comienzos de este año por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y funcionarios de la Agencia Tributaria en auxilio judicial, reveló un sistema de fraude organizado en torno a la compraventa mayorista de gasóleo tipo A. Las empresas implicadas —al menos nueve, según el balance policial— eran administradas de facto por un empresario malagueño, considerado el cabecilla de la red, que utilizaba testaferros y colaboradores financieros para mantener su identidad al margen de la actividad fraudulenta.
El esquema se basaba en la adquisición de carburantes en depósitos fiscales sin abonar el IVA, ya que esta operación está exenta del impuesto. Posteriormente, las empresas pantalla vendían el gasóleo a estaciones de servicio y minoristas, repercutiendo el IVA pero sin ingresarlo a la Agencia Tributaria. En su lugar, solicitaban aplazamientos de pago que no cumplían con los requisitos legales, todo ello con la intención desde el inicio de no hacer frente a sus obligaciones fiscales.
Para dificultar la trazabilidad y el rastreo del fraude, las sociedades se disolvían o sustituían periódicamente, generando un bucle en el que cada nueva empresa replicaba el patrón de la anterior, siempre bajo el control del mismo grupo. Esta estrategia permitía a la organización ofrecer precios más bajos a los clientes minoristas, creando una situación de competencia desleal respecto a los operadores legales del sector.
Almería, entre los territorios afectados
Aunque la red tenía su centro operativo en Málaga, la provincia de Almería figura entre las zonas con ramificaciones activas del entramado, al haberse producido allí uno de los arrestos y registros judiciales. Las investigaciones no han detallado el perfil concreto de la persona detenida en suelo almeriense ni si desarrollaba funciones de administración, colaboración o testaferro, pero sí se confirma su vinculación con la operativa fraudulenta, ya sea en la logística, la venta o el movimiento de capitales.
Además, desde fuentes próximas al caso no se descarta que parte del carburante defraudado haya sido distribuido a estaciones de servicio en la provincia almeriense, lo que podría suponer consecuencias también para operadores locales, ya sea como compradores involuntarios o por su posible conocimiento del fraude.
Patrimonio intervenido y posible responsabilidad civil
Junto al efectivo incautado, las diligencias judiciales han permitido identificar numerosos inmuebles vinculados a los investigados con un valor estimado superior a 10 millones de euros, sobre los que se han dictado medidas cautelares para asegurar posibles responsabilidades civiles o embargos en caso de condena.
Todos los detenidos están investigados por delitos contra la Hacienda Pública y pertenencia a organización criminal, sin que se descarte la ampliación de cargos conforme avance el análisis de la documentación intervenida.
La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones o imputaciones, especialmente si se identifican ramas operativas de la trama en otras provincias, como Almería, con relevancia suficiente en la logística o en el blanqueo de capitales generados por el fraude.
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