Desarticulado en Adra un entramado de contratos falsos que facilitaba cobros indebidos y regularizaciones ilegales

La Policía Nacional ha desarticulado un entramado de empresas ficticias con sede en Adra que facilitaba el cobro fraudulento de prestaciones sociales y la regularización de inmigrantes en situación irregular. En la operación, denominada "Albuñol II", han sido detenidas 22 personas: dos empresarios almerienses que lideraban la trama y 20 ciudadanos de nacionalidad marroquí, presuntos beneficiarios de los contratos simulados. La investigación se ha saldado con la recuperación de más de 101.000 euros, entre prestaciones indebidas y la deuda generada a la Seguridad Social.

Según ha informado la Policía, el modus operandi de la red consistía en simular relaciones laborales en el sector agrícola, con contratos fraudulentos que se formalizaban previo pago de entre 2.000 y 6.000 euros. Con esos documentos, los beneficiarios accedían a autorizaciones de residencia y trabajo, para después solicitar y cobrar subsidios por desempleo sin haber trabajado un solo día.

El entramado empresarial tenía como epicentro una supuesta empresa agrícola domiciliada en Adra, que resultó ser completamente simulada: ni los terrenos, ni los contratos, ni las actividades tenían existencia real. Todo formaba parte de una estructura diseñada para explotar la situación de necesidad de personas migrantes que buscaban regularizar su situación.

La Inspección de Trabajo de Almería ha sido clave en la investigación, que se inició tras detectar incoherencias en las declaraciones laborales de los supuestos trabajadores. Muchos de ellos ni siquiera se encontraban en España durante los periodos en los que constaban como empleados. Además, los agentes han constatado la existencia de captadores de nacionalidad marroquí que actuaban como intermediarios entre los empresarios y los migrantes interesados.

Esta operación es la continuación de una anterior investigación del año pasado, también centrada en empresas vinculadas a uno de los empresarios detenidos, y que se saldó entonces con 15 arrestos. La Policía considera que se trata de una estructura criminal organizada, orientada a lucrarse con el tráfico de contratos falsos y el acceso fraudulento a ayudas públicas.

A los dos empresarios detenidos se les imputan delitos de falsedad documental, estafa, favorecimiento a la inmigración ilegal y delito contra la Seguridad Social. Los 20 ciudadanos extranjeros han sido arrestados por su presunta implicación en delitos de falsedad y fraude a la Seguridad Social. Además, hay un investigado más que no ha sido detenido.

Las autoridades han confirmado que la operación ha permitido recuperar cerca de 23.000 euros cobrados indebidamente del Servicio Público de Empleo y destapar una deuda de casi 80.000 euros contraída por la empresa fantasma con la Seguridad Social. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones en la provincia.