Almería se ha convertido en los últimos años en uno de los puntos más calientes de la inmigración ilegal con oleadas permanentes de todo tipo de embarcaciones como cayucos precarios, pateras taxi y lanchas rápidas organizadas mayoritariamente por organizaciones mafiosas que trafican con personas a las que cobran entre 3.000 y 5.000 euros por trayecto desde Argelia y Marruecos. Y desde poco antes de que comenzara el verano ha irrumpido una nueva operativa para el tránsito clandestino de migrantes que se está concentrando principalmente en el litoral del Poniente almeriense. El fenómeno de las narcolanchas marroquíes han cambiado los portes de hachís por los de personas desbordando por completo las capacidades de respuesta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del conjunto de las administraciones públicas en la provincia.

En las últimas horas han sido 186 inmigrantes, en ocho grupos de 12 a 40 personas, los atendidos por los Equipos de Respuesta Inmediata ante Emergencias (ERIE) de Cruz Roja en el Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) del Puerto de Almería después de desembarcar en diferentes embarcaciones en las playas del Poniente. Según ha confirmado la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), en la jornada del lunes fueron tres pateras con 95 personas en Adra y otras cuatro pateras con 77 ocupantes en El Ejido, además de desviarse otra con 45 inmigrantes a la demarcación granadina de Albuñol.

Estas lanchas de última generación disponen de hasta cuatro motores de 300 caballos de vapor, como las utilizadas por los petaqueros para suministrar combustible a las redes del narcotráfico, y una potencia de navegación que supera los 30 nudos, por lo que es absolutamente inviable cualquier tipo de actuación de interceptación por parte de las patrulleras del Servicio Marítimo de la Guardia Civil que se limitan a supervisar desde la distancia y a dar indicaciones a los medios desplegados en tierra. El secretario provincial de AUGC, Víctor Vega, asegura que las permanentes llegadas de embarcaciones que dejan en tierra a más de un centenar de inmigrantes son "inasumibles" porque no hay "suficientes guardias civiles en las unidades ni vehículos" ni para prestar la labor humanitaria de asistencia y rescate, ni para la posterior custodia y traslado desde la playa hasta el CATE que con estas oleadas se encuentra nuevamente colapsado y se ve obligado al traslado en furgones y autobuses a los CIE de Algeciras y Barcelona, así como a otras instalaciones de Málaga, Motril y Murcia.

En la mayoría de ocasiones en tierra espera una patrulla con dos agentes que tienen que enfrentarse a desembarcos masivos de hasta 80 personas, lo que resulta inviable y supone un riesgo para su integridad física si oponen resistencia. "Las mafias han mejorado su estrategia y nosotros cada año tenemos peores medios. Con estas lanchas ni se esconden, llegan a plena luz del día, por la mañana, y descargan en dos minutos al pasaje, se internan de nuevo en alta mar y si tuvieran problemas con averías del motor o falta de gasolina las abandonan o las queman".

Alarma social entre los vecinos

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha solicitado a la Subdelegación del Gobierno que incremente la seguridad y refuercen los medios en la costa del Poniente ante la llegada continua de inmigrantes en pateras y en "condiciones de hacinamiento". Además del riesgo al que se exponen los propios viajeros de las embarcaciones neumáticas, el regidor ejidense pone de manifiesto que se está generando una "alarma social" entre los vecinos. Góngora recalca el "colapso" de los operativos policiales que tienen que atender este drama humanitario aparcando sus funciones de seguridad ciudadana. De ahí su reclamación del Ministerio del Interior para que adopte "medidas y soluciones" a este "alarmante problema" destinando los recursos necesarios a la lucha contra el tráfico de personas. También ha reclamado información sobre qué se está haciendo con los inmigrantes que llegan a tierra para conocer si hay capacidad en los centros de internamiento y qué medidas se están adoptando para su "detención y apertura del expediente de expulsión y repatriación".

El regidor de Adra, Manuel Cortés, también mostró su preocupación a mediados de mes y convocó una reunión de seguridad para que el Gobierno tome cartas en el asunto en la respuesta ante el aumento de las pateras en la costa del Poniente, además de ofrecer la colaboración del consistorio abderitano a aportar su granito de arena "con los medios de los que disponemos". La Guardia Civil le trasladó en aquel encuentro que se están coordinando para movilizar más medios materiales y humanos, pero de momento no han llegado y la avalancha migratoria desde el norte de África no cesa.