Desmantelado un 'supermercado' de droga en El Ejido: penas de prisión y expulsión para cuatro acusados

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería ha dictado sentencia condenatoria contra cuatro individuos acusados de utilizar una vivienda en El Ejido como un activo "supermercado" de sustancias estupefacientes. El tribunal ha impuesto al arrendatario del inmueble, considerado el principal responsable de la actividad ilícita, una pena de cinco años de prisión y una multa de 9.000 euros, mientras que los otros tres implicados —dos hombres y una mujer— han sido condenados a cuatro años y seis meses de cárcel cada uno por un delito contra la salud pública.

Los hechos probados se basan en una investigación policial que culminó con una entrada y registro en la vivienda, lugar al que acudían numerosas personas para adquirir estupefacientes. Durante el operativo, los agentes encontraron un variado stock de sustancias ilícitas repartidas por las habitaciones. La Policía halló dosis preparadas de cocaína, mezclas de heroína, resina de hachís y marihuana, así como cientos de pastillas de medicamentos psicotrópicos como Rivotril, Valium y Trankimazin.

La droga estaba dispuesta para su venta inmediata, oculta en ocasiones en cajones o escondida en el interior de envases de plástico tipo 'huevo kinder'. Además de las sustancias, cuyo valor en el mercado ilícito superaba los 4.200 euros, se incautaron cuatro balanzas de precisión, dinero fraccionado, una defensa extensible y un cuchillo de grandes dimensiones.

Durante el juicio, los procesados intentaron eludir la prisión alegando ser consumidores o desconocer el origen de la droga que guardaban en sus propias habitaciones. Sin embargo, la Sala desestimó estas versiones ante la contundencia de las pruebas, incluyendo vigilancias policiales que fotografiaron intercambios de droga por dinero en la misma puerta del domicilio.

Finalmente, la sentencia decreta que los cuatro condenados no cumplirán la totalidad de la pena en un centro penitenciario español. El tribunal ha ordenado que, tras cumplir dos tercios de la condena impuesta, se proceda a la expulsión inmediata de todos ellos del territorio nacional, con la prohibición de regresar a España durante un periodo de diez años, dado que carecían de arraigo legal en el país.