El exalcalde de Dalías, condenado por la construcción ilegal de una guardería y una sala de usos múltiples

El exalcalde de Dalías Jerónimo Robles ha aceptado una pena de siete años y seis meses de inhabilitación para cargo y empleo público así como tres meses y un día de prisión por la construcción "ilegal" de una guardería y una sala de usos múltiples bajo su mandato en 2006.

El exregidor, ya retirado de la política, ha reconocido los hechos por los que era acusado de un delito de prevaricación administrativa y otro de malversación ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Almería, por lo que se ha dictado sentencia firme al respecto.

El tribunal, además, ha acordado la suspensión de la pena privativa de libertad durante dos años con la condición de que el penado no vuelva a delinquir durante dicho periodo de tiempo. Durante la tramitación de la causa se archivó el procedimiento sobre otros once investigados por la prescripción de delitos.

El exalcalde ha admitido así que encargó las obras de ambos espacios a una empresa constructora sin haber incoado ningún tipo de procedimiento administrativo previo, toda vez que intentó financiar dichas actuaciones a través de una cesión de terrenos valorados en más de un millón de euros, esto es, casi un 36 por ciento por encima del valor de las obras.

Los hechos tuvieron lugar hace 19 años cuando el acusado, en su condición de alcalde daliense, encargó "verbalmente" a una empresa constructora la edificación de la guardería y la sala de usos múltiples pese a carecer de competencias para ello, ya que era preciso el acuerdo de Pleno.

El Ministerio Público señalaba las irregularidades detectadas en los acuerdos elevados y suscritos posteriormente para aparentar una legalidad en las operaciones bajo la pretensión de pagar a la constructora con la cesión de varias parcelas y aprovechamientos de suelo público por un precio que habría sido previamente pactado por las partes.

En este sentido, cifraba en 1.067.580,72 euros el valor real de los suelos que se pretendía entregar a la empresa como pago "en contraste con los 788.572,47 en que fueron valorados" los suelos, lo que habría causado al Ayuntamiento de Dalías un perjuicio de 279.008,25 euros si hubiera sido aceptado por la constructora.

Muy al contrario, la empresa rechazó el acuerdo e interpuso una demanda por la que el Consistorio fue condenado a pagarle una suma total de 993.189,92 euros por parte de un juzgado de lo Contencioso-administrativo.

Las obras "ilegalmente acordadas" y "verbalmente autorizadas" arrancaron entre noviembre y diciembre de 2006. Fue después cuando el exregidor intentó dar "cobertura" a su maniobra mediante acuerdos de pleno que recibieron todo tipo de reparos por parte de la secretaría-internvención municipal al situarse fuera de la legalidad.

El acusado, a sabiendas de la ilegalidad de su proceder, llevó a Pleno ya en mayo de 2007, por vía de urgencia un convenio urbanístico entre el Ayuntamiento y la empresa que realizaba los trabajos para dar cobertura a la construcción a cambio de una parcela municipal.

En esta ocasión, el secretario advirtió de la imposibilidad de emitir un informe de legalidad debido a la vía de urgencia por la que se había tramitado el convenio. No obstante, ni el entonces alcalde ni el resto de los miembros de la corporación renunciaron a posponer la decisión, pese a que el convenio "no estaba rubricado por los intervinientes" y "ocultaba la permuta ilegal de un bien inmueble", toda vez que la finca a permutar "carecía de valoración".

Este acuerdo, junto con una adenda ampliatoria acordada en otro pleno el 30 de junio del mismo año, permitieron el 6 de junio de 2010 elaborar un documento refundido con el texto definitivo del convenio urbanístico pese a que la obra se había acabado en septiembre de 2007, es decir, unos dos años antes.

El convenio final carecía de las firmas de los intervinientes y concedía a la empresa constructora la condición de propietaria de la construcción en terrenos destinados a dotaciones públicas "sin que se hubiera llevado a cabo previamente ningún tipo de procedimiento basado en los principios de publicidad y concurrencia".