Una expropiación olvidada desde 1987 acaba en una sentencia que obliga a Mojácar a pagar más de un millón

El Ayuntamiento de Mojácar ha sido condenado a abonar más de un millón de euros por la expropiación forzosa de una finca calificada como zona verde desde 1987, en un proceso judicial que ha enfrentado a los intereses de los propietarios con la inacción administrativa acumulada durante décadas.

La sentencia nº 456/2025, dictada el pasado 2 de junio por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Almería, obliga al consistorio a pagar 795.026,10 euros de justiprecio por la finca registral 11.279, situada en el paraje Cueva Morales, así como intereses legales desde septiembre de 2024 y intereses de demora desde abril de 2023, con lo que la cifra final se eleva por encima del millón.

El caso se remonta a la aprobación de las Normas Subsidiarias de Mojácar en 1987, cuando el terreno fue clasificado como “espacio libre”, lo que implicaba su inmediata expropiación y compensación. Sin embargo, esa compensación nunca se produjo. La finca fue utilizada como zona verde y soporte para antenas de telefonía sin ningún trámite expropiatorio.

No fue hasta 2017, cuando la familia Serrano Pubull inició un procedimiento formal de expropiación por ministerio de la ley, al amparo del artículo 140 de la LOUA. El Juzgado de lo Contencioso número 3 de Almería ya reconoció en 2020 que el procedimiento estaba legalmente incoado y que correspondía fijar el justiprecio.

Este fue determinado finalmente el 12 de marzo de 2024 por la Comisión Provincial de Valoraciones, que fijó la cuantía en 795.026,10 euros, pero el Ayuntamiento no efectuó el pago en el plazo de seis meses, lo que ha motivado la condena por inactividad administrativa.

El actual gobierno del PP responde: “heredamos un problema sin resolver desde 1987”

Desde el equipo de gobierno municipal, encabezado por el alcalde Francisco García (PP), se ha subrayado que el origen del conflicto no es atribuible a la gestión actual, sino a una “grave negligencia urbanística del PSOE en 1987”, cuando se aprobó la calificación del terreno sin dar cumplimiento a la ley.

“En ese momento se tenía que haber expropiado e indemnizado a los propietarios. Eso nunca se hizo, y ahora nos vemos obligados a pagar porque así lo ha determinado un juez”, explica el regidor.

El Ayuntamiento asegura que recurrió todas las resoluciones previas y que ha trabajado desde el principio para minimizar el impacto económico sobre las arcas públicas, dado que se trataba de un expediente antiguo con “un sobrecoste enorme”.

“Con todos los años que habían pasado, el dineral que había que pagar era enorme. Se tenía que pelear para que se pagara lo menos posible o que no se pagara nada. Y eso hemos hecho”, afirma el alcalde, que remarca que su equipo ha actuado con responsabilidad y rigor jurídico.

Además, el pasado jueves se convocó un pleno extraordinario para aprobar una partida de 1.044.000 euros destinada al pago de la sentencia, garantizando su ejecución conforme a la resolución judicial.

El PSOE critica los intereses: “200.000 euros que podían haberse evitado”

Desde el Grupo Municipal Socialista se ha criticado, no obstante, la gestión del pago por parte del actual equipo de gobierno, al considerar que la falta de respuesta durante meses ha generado un coste añadido de más de 200.000 euros en intereses.

“Han puesto en riesgo las arcas municipales por su dejadez. Es más que criticable que, por no pagar a tiempo, ahora no tengamos ese dinero para arreglar calles o mejorar servicios”, afirman.

El PSOE considera que el asunto podía haberse resuelto con un acuerdo negociado, evitando llegar a juicio, e insinúa que con el nuevo PGOU redactado bajo el actual mandato del PP se podrían haber explorado vías alternativas.

“Una institución que pone trabas para no pagar y acaba pagando con intereses pierde prestigio. Es una irresponsabilidad”, sentencian desde el grupo socialista.

Un cierre que pretende evitar errores del pasado

Desde el equipo de gobierno se insiste, no obstante, en que el caso es una lección de planificación mal ejecutada en el pasado que ha terminado afectando a los recursos públicos actuales.

“Lamentamos que decisiones erróneas del pasado sigan comprometiendo el presente, pero este equipo de gobierno seguirá actuando con firmeza y transparencia para que nunca más Mojácar tenga que pagar los errores de otros”, concluye el comunicado oficial del Ayuntamiento.