"Son familias mayores y compraron de buena fe"

Seis casas más se podrían sumar a las ocho órdenes de demolición que ya pesan sobre viviendas construidas en el término municipal de Albox. Francisco Javier Alonso, es el abogado de cinco de los seis perjudicados. Tras el anuncio de ayer de la Asociación Abusos Urbanísticos Almanzora No, Alonso se precipitaba a aclarar que en este caso, las viviendas no tienen ninguna orden de demolición. "El fiscal pide la demolición de las viviendas en su escrito de acusación, en breve pasaremos a la fase de enjuiciamiento, pero quiero que quede claro que no hay orden de demolición hasta que no se celebre el juicio, que será previsiblemente dentro de unos diez meses".

La defensa de estas familias estará encaminada, tal y como explica el abogado, a que no se demuelan las viviendas. "Esas casas es lo único que tienen; son personas jubiladas y se encuentran en una situación yo diría deprimente. No han podido vivir correctamente en España desde que compraron y a pesar de ello, ahora se encuentran, con que se interesa una demolición de sus casas, de su único patrimonio".

En la mayoría de los casos, vendieron su vivienda en Inglaterra para comprarse una casa cerca de la playa, en un clima mucho más apacible, y vivir el resto de sus años en este rincón del Almanzora. "Compraron su vivienda con los ahorros de toda una vida, vendieron su patrimonio y ahora se encuentran con que lo poco que tienen se lo van a demoler". Además de la penosa situación que atraviesan la mayoría de estas familias, tal y como explica su abogado, "en el caso hipotético de que así se acordase vía judicial, y la futura sentencia fuese esa demolición, la posible indemnización tampoco sería viable si el acusado es insolvente, como sospechamos que así es. Vamos a intentar que esa responsabilidad civil se garantice de alguna manera".

Las eventuales indemnizaciones a estas personas, en este caso, terceros de buena fe que adquirieron en su día la vivienda al acusado, tendría que garantizarse de alguna manera la indemnización, ante una eventual insolvencia. Así lo entiende su abogado y en ese proceso en encuentran inmersos en este momento.

Francisco Alonso, confía en que en este proceso penal "no se llegue a la situación drástica del derribo". Asegura que son personas "absolutamente desprotegidas. Parejas muy mayores a las que les ha costado incluso el matrimonio. Lo han perdido todo y hoy viven en casas sociales en Inglaterra a la espera de saber que es lo que va a suceder con su vivienda. Estas personas estaban convencidas de que compraban una casa absolutamente legal, con los servicios normales y sin problema alguno".

En este sentido señala que "ahora se encuentran con que no solo no tienen licencia, sino que además están muy próximas a la rambla e incluso puede que el suelo sea protegido".

Lo paradójico de esta situación, a diferencia de los casos anteriores en Albox, es que esta vez, fueron los propios dueños de las viviendas, quienes se dirigieron a la justicia, para que ésta obligara al constructor, a proveer de servicios básicos, agua y luz, a las propiedades. A partir de ahí, es cuando las casas son detectadas, y el propio fiscal, es el que pide la demolición de las mismas. La salvedad, es que a consecuencia de la denuncia, las familias afectadas tienen el derecho de que quien edificó y vendió las casas, deba hacerse cargo de la demolición y la correspondiente indemnización; algo que se verá, puesto que O.C.M. está desaparecido.