Financiación "injusta" y las asociaciones de Plena Inclusión amenazadas

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) de Andalucía congregó el pasado martes, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, a 15.000 personas frente al palacio de San Telmo para reclamar al gobierno andaluz la revisión urgente del sistema de financiación que se aplica sobre todas las entidades que prestan servicio, residencial y de día, a las personas con discapacidad en Andalucía. La concentración de protesta se llevó a cabo en la capital almeriense la semana anterior, en Puerta de Purchena.

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En esta reivindicación tiene un especial interés Plena Inclusión, federación perteneciente al CERMI, que se centra en las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y sus familias y gestiona de manera mayoritaria las plazas concertadas con la administración andaluza. En la provincia de Almería, está integrada por cuatro entidades veteranas en la atención al colectivo: A Toda Vela, ASPAPROS, ASPRODALBA y ASPRODESA. Entre todas ellas generan 300 puestos de trabajo para atender diariamente a casi 800 personas cubriendo gran parte de la provincia con sus servicios.

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Las cuatro entidades coinciden en señalar que las movilizaciones del martes, que a lo largo del mes de noviembre se habían replicado en cada una de las provincias andaluzas, son el resultado de no haber sido escuchadas sus pretensiones que, a su entender, son de puro sentido común. Esto es, en primer lugar, que la administración realice una auditoría de costes objetiva sobre cuánto valen los servicios que prestan y se fije ese precio como la contraprestación que reciben las entidades que gestionan plazas concertadas. En segundo lugar, y más deseable, que se actualicen los costes con arreglo a la subida del coste de la vida y actualizaciones salariales que se produzcan.

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Precisamente en esto último es donde está la dificultad inminente a la que se enfrenta el sector, pues se acaba de firmar un nuevo convenio colectivo que actualiza los salarios en un 10% para 2025, y un 1,5% para los próximos años 2026 y 2027. “Es absolutamente inasumible. No vamos a poder hacer frente a esta situación si no se acompaña de una acción inmediata por parte de la administración que actualice los costes plaza de manera considerable”, señalan los responsables de las cuatro entidades de Plena Inclusión de la provincia de Almería. Explican con mucha preocupación que “la subida salarial está totalmente justificada dado que parte de nuestros profesionales tienen una remuneración igual al salario mínimo, pero nuestros balances no van a soportar semejante subida sin aumentar los ingresos que proceden de nuestros servicios“, añaden.

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Aseguran que si el gobierno andaluz no toma cartas en el asunto se verán obligados a tomar medidas que irán desde la congelación salarial, amortización de puestos de trabajo o la muerte de entidades que acreditan decenas de años en la prestación de servicios. Las entidades aseguran estar amenazadas y temen que la única opción sea el cierre definitivo de los servicios, lo que conlleva dejar de atender a cientos de usuarios en la provincia de Almería. “Somos entidades sin ánimo de lucro, formadas por las familias de los propios usuarios que atendemos. Nuestro único interés es mantener servicios de calidad”, insisten, al tiempo que subrayan que les preocupa que sus legítimas demandas no sean escuchadas a tiempo y se vean obligados a tomar decisiones que mermen el valor de sus servicios.

Los representantes de las distintas entidades con las que ha contactado Diario de Almería para visibilizar la problemática, advierten que su valor no se queda en la gestión de residencias o centros de día porque “nuestra trayectoria acredita que optimizamos los recursos al máximo, con servicios de apoyo a familias, ocio y voluntariado, vida independiente, formación y empleo”. ASPAPROS, A Toda Vela, ASPRODESA y ASPRODALBA son asociaciones que en Almería llegan donde no es capaz de hacerlo la administración. Están en contacto directo y diario con las personas que defienden y sus familias, por lo que están dispuestos a reivindicar lo que creen que es de “justicia” sin quedarse de brazos cruzados ante una realidad que les “desborda económicamente”.