El fiscal descarta la prisión provisional para el presidente de la Diputación de Almería

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García (PP), ha declarado ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería por la segunda fase del caso ‘Mascarillas’, en la que fue detenido el martes por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Tras su comparecencia, el fiscal no solicitó su ingreso en prisión provisional, sino únicamente la retirada de pasaporte y la obligación de comparecer dos veces al mes ante el juzgado. Será ahora el juez instructor quien decida si adopta estas medidas o impone otras distintas, ya que el abogado del PSOE, Javier Salvador, sí que ha reclamado el ingreso en prisión del detenido.

García llegó a los juzgados junto a los otros cuatro detenidos en esta fase: el vicepresidente segundo de la Diputación, Fernando Giménez (PP); el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP); el hijo del regidor y un técnico de Obras Públicas.

Por el momento, no ha trascendido qué medidas ha solicitado la Fiscalía respecto de estos cuatro arrestados, si bien la resolución judicial se conocerá previsiblemente a lo largo del día.

Más investigados: dos hermanos de García y el regreso de Liria

Fuentes de la investigación han confirmado que entre los nuevos investigados figuran una hermana y un hermano del presidente provincial, así como el exvicepresidente tercero de la Diputación, Óscar Liria, que ya fue uno de los principales detenidos en la primera fase del caso y vuelve ahora a estar bajo investigación tras localizarse documentación en los registros que lo vincularía a una empresa bajo sospecha.

En total, el caso suma una decena de implicados entre detenidos e investigados, y no se descarta que el número de investigados aumente en los próximos días, aunque las fuentes consultadas no prevén nuevas detenciones a corto plazo.

Sospechas de cohecho, malversación y blanqueo

El auto que avaló los registros y detenciones sostiene que existen “sospechas fundadas” de presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.

Según la resolución, los investigados podrían haber “colaborado o facilitado” adjudicaciones presuntamente irregulares a determinadas empresas a cambio de comisiones.

Buena parte de las adjudicaciones bajo la lupa se habrían tramitado en la Diputación de Almería, aunque el juez apunta también a otras que podrían haberse gestionado desde el Ayuntamiento de Fines, lo que explica el papel creciente del municipio en esta segunda fase.

Análisis de dispositivos y documentación

El juzgado ha autorizado a la UCO a volcar, visionar y copiar comunicaciones privadas, incluidos correos electrónicos y mensajes almacenados en los dispositivos intervenidos.

También se ha requerido documentación adicional tanto a la Diputación como al Ayuntamiento de Fines y a varias mercantiles, con el fin de reconstruir el circuito completo de adjudicaciones y pagos.

Además, se han ordenado medidas de aseguramiento patrimonial sobre cuentas, cajas de seguridad y bienes muebles e inmuebles vinculados a los investigados.

La decisión del juez sobre las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía marcará el siguiente paso en una investigación que continúa abierta y que esta semana ha vuelto a sacudir el tablero político provincial.