Fiscalía pide 4 años de cárcel por una presunta estafa continuada en Viajes Alborán

Unas de las causas que más se ha comentado en Almería ya tiene una petición de pena concreta sobre la mesa. La Fiscalía ha formulado escrito de acusación contra J.A.R.F., exresponsable de la agencia Viajes Alborán SL, por un delito continuado de estafa, y reclama para él cuatro años de prisión, además de multa y costas. La empresa figura también en el procedimiento como responsable civil subsidiaria, lo que significa que podría responder económicamente en caso de que el acusado no lo haga.

El relato del Ministerio Público dibuja un patrón que se repite en decenas de casos: clientes que acudieron a la oficina para contratar vuelos, paquetes o viajes familiares, entregaron cantidades que en algunos casos superan con holgura los mil y dos mil euros, y descubrieron después —a veces en el peor momento posible— que la compra no se había formalizado. El escrito sitúa los hechos, de manera general, entre enero de 2023 y finales de 2024, periodo en el que el acusado habría recibido dinero “sin llegar a formalizar la compra” de billetes, quedándoselo presuntamente para sí.

La Fiscalía sostiene que J.A.R.F., que figura como administrador único de la mercantil durante parte del periodo investigado, actuó “con ánimo defraudatorio” y “aparentando una solvencia económica de la que carecía”, aprovechando el trato directo con muchos de los clientes. Es una frase que en Almería se ha convertido casi en resumen popular de lo ocurrido: la confianza en un mostrador, el pago y, después, el vacío. En el documento se desgranan uno a uno los casos y las cantidades, con ejemplos de viajes a Colombia, Ecuador, Senegal, Bolivia, Argentina, República Dominicana, Uruguay o Suecia, entre otros destinos, con salidas desde Almería o con conexiones desde otros aeropuertos.

La lista de perjudicados que maneja la acusación pública alcanza los 64 y contiene importes muy variados. Hay pagos de 200 euros, 300, 350 o 540, pero también encargos de 1.700, 2.480, 2.584, 3.000, 3.969, 4.000, 4.300, 4.450 o 4.980 euros. La Fiscalía detalla, además, situaciones en las que algunas víctimas se vieron obligadas a comprar otro billete para poder viajar o para poder regresar a España, incrementando el golpe económico. En otros supuestos, el viaje nunca llegó a hacerse porque, al intentar cerrarlo o concretar fechas, la agencia no había comprado lo pactado o el establecimiento terminó cerrando.

Uno de los episodios que subraya el alcance del caso es el relativo a un cliente que actuó como intermediario para varias personas, por un importe total de 76.950 euros, cifra que contrasta con los pagos más modestos y que ilustra, según el escrito, la dimensión del presunto fraude cuando se acumulaban encargos para familiares o conocidos que vivían fuera. En ese mismo pasaje, la Fiscalía recoge que esa persona ya habría sido indemnizada parcialmente con 50.000 euros, y que el acusado ha consignado judicialmente 70.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

Ese extremo enlaza con otro de los elementos relevantes del procedimiento: la Fiscalía aprecia la atenuante de reparación del daño, precisamente por esas cantidades ya ingresadas o abonadas. En términos prácticos, ese reconocimiento puede influir en la pena solicitada, aunque el Ministerio Público mantiene la petición de cuatro años de prisión, junto con una multa de 10 meses, a razón de una cuota diaria de 12 euros, y la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena principal. También contempla la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de la multa, conforme al Código Penal.

En la vertiente civil, el escrito indica que, para satisfacer la responsabilidad, deberá tenerse en cuenta la cantidad consignada judicialmente y que el dinero deberá abonarse de forma proporcional a cada uno de los perjudicados. A las cantidades fijadas se añadirán, además, los intereses legales previstos en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo que incrementa la factura final en función del tiempo transcurrido.

La Fiscalía no sólo formula acusación: también fija el marco del juicio que pretende. Solicita como medios de prueba el interrogatorio del acusado y un amplio bloque de testificales, con declaración de perjudicados y de agentes de la Guardia Civil, además de otras comparecencias vinculadas a la investigación. En el mismo escrito, el Ministerio Público interesa el sobreseimiento provisional respecto de una segunda persona inicialmente relacionada con el procedimiento al no quedar acreditada su intervención.

El caso, que ha tenido un evidente impacto social por el perfil de muchas de las víctimas —familias que volaban en Navidad, viajes para ver a los suyos tras años fuera o billetes comprados con meses de ahorro—, entra así en una fase decisiva. Si el juzgado acuerda la apertura de juicio oral, la Audiencia Provincial deberá enjuiciar unos hechos que, según la calificación fiscal, encajan en un delito continuado de estafa.

Mientras tanto, las cifras del escrito hablan por sí solas: 64 perjudicados, una cadena de encargos que abarcan casi dos años y una suma de importes que, caso a caso, dibuja un mapa de confianza rota en una ciudad donde el nombre de Viajes Alborán se hizo, para bien o para mal, demasiado conocido. El proceso determinará ahora si aquello que tantos almerienses cuentan como certeza —“pagamos y no había billete”— acaba siendo probado en sala y con qué consecuencias penales y económicas para el acusado y para la mercantil.