La Operación Barrado, la nueva actuación de la trama de los cursos de formación, salpica a otros dos cargos de la provincia, la exdelegada de Empleo de la Junta, Francisca Pérez Laborda, por presunto fraude, y Andrés Sánchez, ex director general de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo.  La detención fue practicada por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un operativo que se vuelve a efectuar en torno a las averiguaciones practicadas la juez Mercedes Alaya. Ayer, en la comunidad se realizaron 16 detenciones, dos de ellas en la provincia. 

Pérez Laborda viajó junto a la UCO a la capital andaluza para prestar declaración, allí será donde durante esta semana se ponga de manifiesto si se lucró de alguna forma con los cursos de formación o queda libre de sospecha a través de su defensa. Lo mismo sucederá con Andrés Sánchez. 

Desde el pasado 20 de enero se mantiene el secreto parcial de la causa de los cursos de formación, en la que ha abierto cuatro líneas de investigación, una de ellas sobre las subvenciones que por importe de 85,7 millones recibió la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). Hay que recordar que Pérez Laborda no es la única representante del mundo de la política que ha tenido que prestar declaración por este caso. Ya fueron llamados a declarar el exedil y candidato socialista de Roquetas  Juan Fernando Ortega Paniagua, así como el concejal de Seguridad Ciudadana de Vícar, José  Luis  Leseduarte.

En sus casos no se ha hecho público que el proceso judicial siguiera adelante.  De hecho,  De hecho, ya en su momento, el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, aseguró que no planteaba cambios en el equipo de gobierno hasta que no "haya ninguna otra decisión de la justicia". La operación fue  bautizada como Edu  Costa porque afecta a las provincias costeras de Cádiz, Málaga y Almería, dónde fuerno en torno a las 90 las personas las que tuvieron que prestar declaración ante la UDEF por el presunto fraude de cerca de tres millones de euros. 

 En un auto dictado el 20 de enero, la juez declaró el secreto parcial de las actuaciones ante la "gravedad" de los hechos y tras detectar distintas "bolsas de fraude" que le llevaron a abrir hasta cuatro nuevas líneas de investigación, entre ellas una concerniente a las ayudas a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y el Empleo (Faffe). 

  Así, el secreto afecta a la investigación sobre la "existencia de entramados empresariales beneficiados de diferentes subvenciones, algunas de las cuales habrían sido identificadas por funcionarios de la propia Dirección General de Formación" y por Teodoro Montes, jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta en Sevilla, "y en la que personas que dirigían varios entramados de empresas tenían acceso a un volumen importante de subvenciones.