Toxicología no halla agresión sexual en el caso del niño fallecido en Garrucha

El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses ha remitido al juzgado el informe definitivo sobre las muestras biológicas de Lucas, el niño de cuatro años que perdió la vida en la localidad de Garrucha, Almería. Los resultados del dictamen forense son concluyentes al descartar la presencia de restos biológicos que pudieran sugerir una agresión sexual, uno de los delitos de mayor gravedad que se imputaban inicialmente a J. D. R. C., pareja de la madre y actualmente en prisión provisional.

Este documento técnico detalla que todas las pruebas practicadas para detectar indicios de contenido biológico ajeno han arrojado resultados negativos. De este modo, se desvanece una de las hipótesis más crudas que rodeaban este trágico suceso, centrando ahora el foco de la investigación judicial en las causas físicas y farmacológicas que derivaron en el fallecimiento del menor.

Según el informe detallado por el Servicio de Biología, los análisis de los hisopos realizados al cadáver no han mostrado presencia de espermatozoides ni de antígeno prostático específico (PSA). Estas conclusiones descartan de forma técnica la presencia de semen en el cuerpo del pequeño, un dato que contradice las sospechas iniciales surgidas durante las primeras fases de la inspección ocular y forense tras el deceso.

Resultados del perfil genético

En la misma línea, los facultativos buscaron rastros de amilasa humana, que actúa como marcador de la saliva, obteniendo igualmente resultados negativos en las zonas analizadas. Al cotejar el ADN extraído de las muestras con la sangre indubitada de Lucas, los forenses han determinado que el perfil genético masculino obtenido coincide plenamente con el suyo propio. No se han detectado, por tanto, características genéticas que sugieran la intervención de una tercera persona en este ámbito.

Este nuevo escenario forense debilita notablemente la tesis de la violación que se barajó tras la autopsia preliminar. En aquel primer examen, se hizo referencia a un «desgarro» y a una «sustancia blanquecina» que hicieron saltar todas las alarmas. Sin embargo, los análisis científicos actuales no respaldan aquellas impresiones iniciales, aportando una visión técnica mucho más aséptica y favorable a la defensa del principal investigado.

La representación legal de Juan David R. C. ha sostenido de forma reiterada que tales lesiones y fluidos no eran indicativos de un abuso, sino la consecuencia directa de problemas intestinales severos. Alegan que el menor sufría estreñimiento crónico y que el propio «aplastamiento de intestinos» que provocó la muerte pudo causar las alteraciones físicas observadas por los primeros médicos que trataron el cuerpo.

El factor de la negligencia farmacológica

Por otro lado, el informe del Servicio de Química ha confirmado la presencia de trazas de ibuprofeno y de un metabolito de este medicamento en la sangre de Lucas. Este hallazgo es fundamental para la causa, ya que la madre y su pareja reconocieron en audios entregados al juzgado que estaban tratando el malestar del niño con este antiinflamatorio, administrándolo cada cuatro horas basándose en búsquedas realizadas en internet.

La defensa argumenta que este suministro intensivo de fármacos, lejos de paliar el dolor, pudo tener un efecto devastador en la salud del menor. Según su versión, el ibuprofeno agravó la hemorragia interna que se habría originado durante las maniobras de «sobado» o masajes abdominales que los cuidadores practicaron al niño con el objetivo de aliviarle supuestos gases, transformando una lesión tratable en un shock hipovolémico fatal.

Asimismo, el análisis toxicológico ha sido exhaustivo al rastrear la posible presencia de alcohol etílico, estupefacientes o sustancias de sumisión química, tales como el GHB o la escopolamina. En todos los casos, los resultados han sido negativos, lo que refuerza la idea de que no hubo una voluntad de anular la voluntad del menor mediante agentes externos, sino más bien una gestión sanitaria negligente de su estado previo.

Finalmente, los abogados del acusado han solicitado un cambio en la calificación de los hechos, pasando de asesinato a homicidio imprudente. Sostienen que la muerte de Lucas fue el resultado de una «negligencia sanitaria absoluta» y de la aplicación de remedios caseros y prácticas de curanderismo por parte de unos adultos que, ignorando la gravedad del cuadro médico, no acudieron a los servicios de urgencias a tiempo.