El Gobierno insiste en que derribará este año El Algarrobico y emplaza a Azata a poner precio

El Gobierno central mantiene su compromiso de actuar este mismo año sobre el hotel de El Algarrobico y de culminar el procedimiento expropiatorio que permita su derribo. Así lo ha asegurado este lunes la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, a su llegada a la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de la ONU, celebrada en Sevilla.

“Respecto al Algarrobico, hemos recibido un recurso por parte de Azata, propietaria del inmueble, contra la declaración de utilidad pública aprobada por el Consejo de Ministros. Nosotros seguimos con nuestro procedimiento y nuestra tramitación, con el objetivo de que culmine a lo largo de este año y, desde luego, que en aquella parte donde tengamos capacidad de actuación desde la Administración General del Estado podamos actuar este año 2025”, ha manifestado la ministra ante los medios.

Estas declaraciones se producen apenas unos días después de que la Delegación del Gobierno en Andalucía haya dictado resolución formal declarando la necesidad de ocupación de los terrenos y parte de la edificación del hotel que invade la servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre en la playa del Algarrobico, en Carboneras. El acuerdo, fechado el 24 de junio y firmado por el delegado Pedro Fernández Peñalver, marca el inicio oficial del procedimiento expropiatorio, al amparo del artículo 21.1 de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954.

La resolución no solo aprueba con carácter definitivo la relación individualizada de bienes y derechos a ocupar, sino que además emplaza a Azata del Sol, S.L., promotora y titular registral del inmueble, a formular su hoja de aprecio, es decir, a presentar una propuesta de valoración económica como paso previo a una posible adquisición por mutuo acuerdo.

El expediente administrativo se remonta al Acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 11 de febrero, en el que se declaró la utilidad pública de una superficie de 16.432 metros cuadrados de la finca donde se ubica el hotel inacabado, todos ellos situados dentro de la franja de 100 metros de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre. Esta declaración, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 11 de marzo, habilitó legalmente el inicio del procedimiento expropiatorio para recuperar ese suelo y proceder a la demolición de la parte del edificio que lo ocupa.

La tramitación ha incluido un trámite de información pública abierto el 25 de marzo, tras el cual Azata presentó alegaciones el 12 de mayo, cuestionando, entre otras cuestiones, la descripción de los bienes afectados, la supuesta omisión de elementos clave del inmueble y la falta de motivación individualizada. Aportó además un informe técnico de parte.

Sin embargo, tanto los servicios técnicos de la Dirección General de la Costa y del Mar como la Abogacía del Estado en Andalucía han emitido informes desestimando estas alegaciones. Según el contenido de estos documentos, la descripción de los terrenos y del estado físico y jurídico de la edificación consta de forma detallada en el expediente, con la identificación del propietario, la delimitación de la parte afectada y la inclusión de planos y referencias catastrales.

El hotel, destacan los informes, está inacabado y se levanta sobre suelo no urbanizable según múltiples sentencias que anularon el planeamiento urbanístico del sector ST-1 del PGOU de Carboneras. La edificación invade la servidumbre de protección y su licencia de obras está pendiente de revisión de oficio por posible nulidad de pleno derecho.

Además, se recuerda que aunque no exista aún resolución judicial firme que anule dicha licencia, esta tiene carácter “meramente formal”, ya que el inmueble resulta incompatible con la legislación de Costas y con el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. El informe jurídico sostiene que no puede considerarse edificabilidad legal en esa zona y que valorar el suelo como urbanizable o el hotel como edificación supondría un “enriquecimiento sin causa” para la promotora.

De hecho, se hace referencia a sentencias firmes que han rechazado la responsabilidad patrimonial del Estado por no haber evitado la construcción, censurando incluso el proceder de la mercantil, al considerar que asumió el riesgo de edificar en zona protegida sabiendo que existía un procedimiento de revisión de la licencia y una normativa ambiental en vigor.

La Delegación del Gobierno ha considerado, por tanto, que se cumplen todos los requisitos legales para declarar la necesidad de ocupación y abrir formalmente el procedimiento expropiatorio. El acuerdo ha sido notificado a Azata, única interesada personada en el expediente, y se ha publicado conforme a la legislación vigente. Contra esta resolución cabe interponer recurso de alzada ante el Ministerio para la Transición Ecológica en el plazo de un mes.