Luces y razones
Antonio Montero Alcaide
Intemperie
El trágico asesinato de Lucca, el niño de cuatro años hallado muerto en Garrucha, no solo ha sumido a la comarca del Levante almeriense en el luto, sino que ha sacudido los cimientos del sistema de protección al menor. El abogado del abuelo materno del pequeño ha denunciado con vehemencia el "fracaso absoluto" de las instituciones públicas, apuntando directamente al centro escolar y a las fuerzas de seguridad por ignorar las "señales evidentes" de maltrato y absentismo que, según sostiene, precedieron al crimen. La acusación particular asegura que el sistema dejó a Lucca completamente desamparado.
El letrado José Luis Martínez, quien ejerce la representación legal del abuelo, ha sentenciado con dureza que "aquí han fracasado las instituciones públicas". Sus declaraciones coinciden con el paso a disposición judicial de la madre de la víctima y su actual pareja sentimental, detenidos como presuntos autores de la muerte violenta que ha conmocionado a toda Almería.
Martínez ha puesto el foco en la inacción del entorno educativo y social del menor. Asegura que el niño asistía a clase con lesiones visibles y que el centro estaba al tanto de la situación. "En el centro educativo veían que el niño llevaba hematomas, que llevaba un brazo encabestrado por una fractura, y no hicieron nada", ha lamentado el abogado, cuestionando con autoridad por qué no se activaron los protocolos de absentismo o de maltrato infantil ante tales evidencias.
Existen, además, testimonios de vecinos que afirman que veían al pequeño acudir "solo todas las mañanas" al colegio, un comportamiento que, según la acusación, buscaba evitar ser agredido en casa. La madre y su pareja, presuntamente, nunca llevaron al niño al médico para evitar que los facultativos de la sanidad almeriense detectaran las lesiones y activaran la obligatoria alerta sanitaria.
La crítica se extiende de forma enérgica a la respuesta policial en los momentos previos al desenlace fatal. El abogado ha revelado una intentona desesperada de la familia: la tía abuela de Lucas acudió tiempo atrás a un cuartel de la Guardia Civil en la provincia para mostrar una fotografía en su teléfono móvil donde se apreciaba una agresión, con el niño presentando "un moratón y un derrame en la sien".
Sin embargo, el relato de Martínez apunta a que los agentes le indicaron que no podían actuar si no existía "una denuncia de la madre o un parte de lesiones". Una exigencia burocrática que resultó un obstáculo insalvable, dado que los presuntos agresores eran precisamente quienes debían proveer estos documentos, evitando el contacto con el sistema sanitario y policial.
El abuelo, que se personará oficialmente en la causa en los próximos días una vez se levante el secreto de sumario, ha transmitido a su abogado una postura rotunda y dolorosa. A pesar del parentesco con una de las detenidas, su único objetivo es la verdad y la justicia: "Vamos a sacar la verdad y, si mi hija ha sido la culpable, que lo pague".
El familiar ha solicitado que "caiga todo el peso de la ley" sobre los responsables de este crimen que ha ensombrecido la provincia de Almería, demostrando una entereza inquebrantable frente al dolor. Este caso no solo busca castigar a los culpables, sino forzar una revisión urgente de los protocolos de protección al menor en la comunidad andaluza.
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