La investigación halla signos de agresión sexual en el cadáver del pequeño Lucca

La crónica negra de la provincia de Almería se ha tornado aún más estremecedora en las últimas horas. La investigación en torno a la muerte violenta de Lucca, el niño de cuatro años cuyo cuerpo fue hallado en el municipio de Garrucha, ha arrojado un indicio de extrema gravedad que añade una dimensión brutal al caso. Fuentes próximas a la investigación han confirmado que el cadáver del menor presenta signos compatibles con haber sufrido una agresión sexual, un extremo que, aunque determinante en las pesquisas policiales, deberá ser ratificado de forma definitiva por los informes forenses de la autopsia que se están ultimando en el Instituto de Medicina Legal.

Este hallazgo ha caído como una losa en una investigación que avanza bajo un estricto secreto de sumario y que mantiene a dos personas detenidas en los calabozos de la Guardia Civil: la madre del niño, de 21 años, y su actual pareja sentimental. Ambos, según ha confirmado esta mañana el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, pasarán "previsiblemente mañana" sábado a disposición judicial.

A la consternación por los indicios de violencia sexual se suma un dato judicial revelado hace escasos minutos por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que pone en entredicho el sistema de protección de la víctima. La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Vera, competente en materia de Violencia sobre la Mujer, acordó el pasado 20 de octubre una orden de alejamiento contra el hombre ahora detenido. Lo trascendente y trágico de esta medida es que la orden de protección se dictó "tanto respecto a la madre como al hijo".

La existencia de esta orden de alejamiento vigente plantea interrogantes cruciales que la instrucción deberá esclarecer: cómo y por qué el presunto agresor tenía acceso al menor y convivía o mantenía contacto con la madre a pesar de la prohibición judicial expresa dictada hace apenas mes y medio. La Guardia Civil centra ahora sus esfuerzos no solo en la mecánica de la muerte y la agresión, sino en determinar el "grado de participación" de cada uno de los arrestados, investigando si la madre pudo incurrir en una responsabilidad penal por omisión del deber de protección o colaboración necesaria, dado que el varón tenía vetado acercarse a ellos.

El subdelegado del Gobierno, visiblemente afectado durante el acto institucional del Día de la Constitución celebrado hoy en la capital, ha pedido "prudencia" y evitar "especulaciones" sobre si el caso se encuadra legalmente como violencia vicaria hasta que el juez tome declaración a los sospechosos. "Queda camino de investigación todavía por realizar", ha advertido Martín, quien ha insistido en que lo esencial ahora es que la Policía Judicial complete las diligencias para que el peso de la ley caiga sobre los responsables.

El caso, que comenzó con una denuncia por desaparición interpuesta por el padre biológico y culminó con el hallazgo del cuerpo en una zona costera entre Garrucha y Mojácar, ha generado una enorme alarma social. Martín también ha aprovechado su comparecencia para lanzar una advertencia sobre la difusión de vídeos del menor en redes sociales, instando a la ciudadanía a "hacer una reflexión" ética y avisando de que se analizará "cualquier derivada de tipo legal" por la exposición de la imagen de la víctima.

Este sábado será un día clave en los juzgados de Vera. El juez instructor, con los informes preliminares de la autopsia sobre la mesa —incluyendo los indicios de violencia sexual— y la confirmación del quebrantamiento de la orden de alejamiento, deberá decidir sobre el ingreso en prisión provisional de la madre y su pareja, en un caso que ha empañado de luto y rabia la festividad de la Constitución en Almería.