Dos guardias civiles agredidos en el asentamiento de Atochares por un inmigrante con orden de expulsión

Dos agentes del puesto principal de la Guardia Civil en Níjar resultaron heridos en su intento de identificar y detener a un inmigrante al que acompañaron a comprobar su pasaporte al asentamiento chabolista de la pedanía de Atochares. Los hechos ocurrieron el lunes 4 de agosto a mediodía cuando los dos guardias civiles realizaban labores de seguridad ciudadana en prevención y detección de consumo de sustancias estupefacientes en las zonas de ocio. En la calle Brasil de San Isidro realizaron la identificación aleatoria de un joven inmigrante en las inmediaciones de un bar y constataron que le constaba en la base de datos una orden de expulsión de extranjería por situación irregular. Contactada la Comisaría Provincial de la Policía Nacional de Almería se confirma la vigencia y efectividad de un señalamiento relativo a ese incumplimiento legal. En ese momento le pidieron el pasaporte , según recoge el atestado al que ha tenido acceso este periódico, y el varón les indicó que lo tenía en su vivienda en el poblado de Atochares.

La Guardia Civil solicitó vehículo con mampara para su traslado y lo acompañaron de forma voluntaria a su infravivienda para verificar la documentación. Una vez personados en este asentamiento y comprobado el pasaporte se le indica que deben proceder a su detención administrativa y traslado a la Comisaría de Almería para su presentación ante el instructor competente. Fue entonces cuando cambió su actitud e intentó escapar del lugar actuando de forma violenta cuando los agentes trataron de detenerlo. Se resistió de forma grave y empujó a los guardias civiles contra un lateral de la chabola, cayendo los tres al suelo de forma brusca. A duras penas lograron engrilletarlo pese a la fuerte resistencia y se procedió a la lectura de los derechos, siendo trasladado a continuación al centro de urgencias de Níjar para la asistencia médica de las posibles lesiones en el forcejeo.

Los guardias civiles también sufrieron lesiones leves, un agente en el rostro y otro en un dedo de la mano derecha, además de la rotura de las gafas de sol y el destrozo de un reloj que portaban. Un nuevo episodio de desobediencia, resistencia y atentado a la autoridad que se suma a una larga lista de incidentes que se repiten con demasiada frecuente en la comarca y en otros puntos de la provincia en los que crece la inseguridad. La letrada de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha asistido judicialmente en los últimos diez días a cuatro agentes que han sufrido todo tipo de agresiones como la que tuvo lugar este martes en la calle Espejo del Mar en las Colinas de Aguadulce cuando una persona golpeó en el hombre y cara a un funcionario, causándole una herida de un centímetro en el labio inferior, cuando intervenían en una actuación por la ocupación de una vivienda.

Cuatro agresiones por 3.000 euros

La abogada Marta Ortiz López, letrada de la Delegación de la AUGC Almería, también ha representado a otro agente atacado a finales de julio en el puesto de Garrucha. La asociación denuncia el notorio aumento de la agresiones durante la época estival por la falta de plantillas y recursos y también denuncian que los fallos judiciales no son contundentes y eso va en detrimento de la protección de los agentes. El detenido con orden de expulsión en Níjar quedó en libertad y el que se juzgó en Roquetas recibió una condena de apenas cuatro meses de prisión e indemnización de 250 euros. La suma de las indemnizaciones de los cuatro agentes agredidos por lesiones y daños materiales asciende a poco más de 3.000 euros, a pesar de recibir heridas de consideración. "Estas sentencias demuestran lo barato que sale agredir a los agentes y ponen de manifiesto la necesidad de realizar modificaciones en el Código Penal que permitan endurecer las penas por los atentados contra la autoridad", lamenta Víctor Vega, secretario general de AUGC en Almería.

Además, la asociación exige a los responsables políticos que los guardias civiles sean considerados "profesión de riesgo", una reivindicación histórica que cobra más sentido que nunca en los últimos años ante la proliferación de actitudes violentas contra los agentes. Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles indican que estas situaciones se han visto incrementadas por la falta de medios activos como pistolas taser con las que protegerse de episodios de agresividad extrema y pasivos como puede ser una cámara corporal. La falta de medidas de seguridad pone en riesgo a los agentes y es necesario también, a juicio de la AUGC, el endurecimiento de las penas para los agresores, sobre todo para los que son reincidentes. Desde hace 39 años se aplica la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo que hace replantearse la necesidad de actualizarla a los nuevos retos y amenazas de la seguridad pública.

Un 85% más de agresiones

Las agresiones físicas y verbales tanto a los policías nacionales y locales y guardias civiles, así como al resto de funcionarios públicos, no han dejado de crecer y en los últimos dos años han superado la barrera de los 300 hechos conocidos. Esto supone un incremento de un 85% en la última década al pasar de 171 en el año 2014 a 317 y 304 en 2024 y 2023. Si se retrocede a principios de siglo, la diferencia es todavía más significativa y las denuncias se incrementan un 150% desde las 125 que se contabilizaron en 2004. Los datos que recoge el sistema estadístico de criminalidad en el último ejercicio, que ha facilitado a este periódico la Secretaría de Estado de Seguridad, se traducen en una media de 6 infracciones penales cada semana y en torno a 25 cada mes en Almería por atentado contra la autoridad, agentes o funcionarios públicos.

Casi 2.500 episodios en la última década

Entre los años 2004 y 2024 se han registrado 4.519 incidentes en la provincia relacionados con este delito tipificado en los artículos 550 a 554 del Código Penal como la agresión o grave oposición de resistencia (con intimidación grave o violencia) a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos en el desempeño de su ejercicio. La mayoría de actitudes violentas se dirigen a los efectivos policiales, pero también sufren agresiones los trabajadores de la prisión de El Acebuche, los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en su batalla contra el narcotráfico y petaqueo y el personal sanitario en centros de salud y hospitales (8 denuncias en 2024).

Entre los ejercicios 2015 y 2024 se han contabilizado casi 2.500 atentados contra la autoridad y la cifra anual presenta oscilaciones, si bien se han mantenido desde 2017 por encima de los 200 casos y ya llevan dos años superando las 300 denuncias. A nivel nacional, el incremento de esta estadística también ha sido significativo con más de mil hechos conocidos cada mes y una media de 35 cada día. Las asociaciones de Guardia Civil y sindicatos de Policía Nacional llevan años alertando sobre esta alarmante escalada de conductas violentas hacia los agentes que son víctimas de insultos, amenazas y agresiones en las calles de Almería por el mero hecho de dedicarse a defender las libertades y derechos ciudadanos y al mantenimiento del orden público, una situación de indefensión, tanto inmerecida como inasumible por el Estado de Derecho, que está propiciando un hartazgo en las plantillas.