“Hemos abordado todas las reformas administrativas importantes de nuestro país”

La UNED de Almería ha acogido del 20 al 24 de octubre con el cartel de aforo completo el XXVI Simposio de Actualización en Derecho Administrativo y V Simposio Internacional de Actualización en Ciencias Jurídicas de Almería. Juan Francisco Pérez Gálvez, director y precursor de la iniciativa junto al abogado del Estado Demetrio Carmona, desgrana los ejes de un encuentro de referencia que ha contado conferencias, mesas redondas y talleres prácticos sobre temas tan actuales como la ciberseguridad en la gestión pública. Ha contado con relevantes figuras del ámbito jurídico, académico e institucional como el presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Pablo de Lucas Murillo, el magistrado del Tribunal Constitucional César Tolosa, el director del Instituto Andaluz de Administración Pública, José Loaiza, o el profesor James Murdoch de la School of Law de la Universidad de Glasgow, entre otros. El catedrático de Derecho de la UAL y profesor titular de la UNED también presentó su libro “Régimen Jurídico de la medicina y telemedicina digital“ (Tirant lo Blanch, 2025).

Pregunta.– Llegar a la edición 26 de cualquier simposio es un hito al alcance de pocos, ¿cómo valora la evolución? ¿han cumplido los objetivos y expectativas?

Respuesta.– El Simposio se puso en marcha como una iniciativa académica para tratar temas de actualidad en el ámbito del Derecho Administrativo y, poco a poco, se fue consolidando año tras año. Lo he comentado en varias ocasiones, cuando comenzamos no sabía si habría segunda edición y ya hemos alcanzado el número XXVI. Un dato a destacar es el alto número de asistentes en todas las convocatorias, completando y superando el aforo. Las inscripciones presenciales se agotan pronto, y tenemos que pasar a los nuevos solicitantes a la opción on line. En esta edición hemos contado con la inscripción/participación de 173 personas. Con honestidad, debo reconocer que la valoración global es positiva, muy positiva. Hemos abordado todas las reformas administrativas importantes en nuestro país, la calidad de los ponentes ha sido muy alta y creo que hemos cumplido, y pretendemos seguir haciéndolo, los objetivos que nos propusimos con su creación.

P.– Uno de los ejes del simposio ha sido el Observatorio de Orientación Profesional, ¿En qué consiste? ¿quiénes serán los actores implicados?

R.– El Observatorio de Orientación Profesional lo pusimos en marcha en la edición número XXV. Por tanto, se trata de una iniciativa reciente, que pretende, acercar a los alumnos de titulaciones jurídicas, administración y dirección de empresas, gestión y administración pública, relaciones laborales, ciencias económicas y empresariales, al entorno profesional. Para ello, empleados públicos y del sector privado, muy cualificados, exponen el contenido de su actividad, temario de oposición, convocatorias, etc. Y al finalizar, los asistentes pueden preguntar todo lo que estimen oportuno. Se caracteriza por su frescura, inmediatez y precisión. Muestra una radiografía muy completa en tiempo real de las posibilidades y características de un sector profesional altamente cualificado [abogado del Estado, juez, fiscal, notario, secretario de ayuntamiento, letrado de diversas administraciones (Junta de Andalucía, salud, seguridad social, corporaciones locales), interventor, tráfico, Diputación provincial, guardia civil, policía nacional, policía local, TAG, sector privado, etc. En estos dos años, hemos podido comprobar el alto nivel de receptividad y la inmejorable impresión que ha causado en sus destinatarios. Y es posible, por la desinteresada aportación de los intervinientes que atienden este cometido con enorme generosidad y entrega. En este sentido, debo destacar la labor del codirector del Simposio, Demetrio Carmona; del Centro Asociado de la UNED en Almería, y de sus directores, José Jesús Gazquez en la primera edición del Observatorio María del Carmen Pérez Fuentes en la actual; la secretaria general y académica del Simposio, Belén García Fuentes; y de todo el personal, que se vuelca con esta actividad, y cuyo desempeño y dedicación son sobresalientes.

Cuando comenzamos no sabía si habría segunda edición y ya hemos alcanzado la número XXVI”

P.– Los instrumentos y herramientas de la administración pública han cambiado con la incorporación de las nuevas tecnologías y ahora se enfrentan a la inteligencia artificial, ¿en qué medida están las instituciones adaptándose a las nuevas formas de gestión?

R.– En el año 2015 se publican las Leyes 39/2015 y 40/2015 del Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas y del Régimen Jurídico del Sector Público. A estas disposiciones les han seguido otras como el RD 203/2021, por el que se aprobó el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. Por tanto, las instituciones emprendieron un proceso de adaptación, que no ha sido fácil, especialmente para las más pequeñas, las corporaciones locales. Sin embargo, la evolución está siendo muy rápida y, evidentemente, es necesario actualizar el grupo normativo regulador. Cuando hablamos de tecnologías disruptivas (big data, algoritmos, inteligencia artificial, etc) nos damos cuenta de la dificultad para implementar estas posibilidades al sector público. Y resulta difícil, en nuestro país y en el resto de la Unión Europea. Quizás el elemento central sea la necesaria readaptación de los empleados públicos y los nuevos perfiles que deben incorporarse para hacer posible mejorar la productividad, lo que implica un mejor servicio a los ciudadanos, a menor coste. Estas herramientas pueden contribuir a una mejor fiscalización, pero, no olvidemos que, para ello, en virtud de su naturaleza (“herramientas”), tienen que ser diseñadas y aplicadas debidamente. En este ámbito, el retraso y la dificultad inherente propician que no obtengamos, todavía, los mejores resultados posibles. En todo caso, es evidente que la Administración está sometida a fiscalización, vigilancia, control, supervisión e inspección y que, por tanto, hay garantías. Con independencia de que se puede y debe mejorar.

P.– La ciberseguridad y el uso adecuado de las tecnologías de la información es uno de los grandes desafíos de la Administración pública.

R.– Cuando abordamos esta materia, sería positivo hacerlo explicando la conveniencia de tener presente la importancia de la neutralidad, interoperabilidad y ciberseguridad. En este contexto se convierte en una necesidad la implantación de una estrategia de seguridad que incluya, al menos: seguridad en el acceso, seguridad de comunicaciones, seguridad de contenidos, y gestión global de la seguridad. Nos encontramos en una fase donde los poderes públicos y operadores privados son conscientes de la conveniencia de prestar atención a este sector. La vulnerabilidad es alta y requiere conocimiento e inversión, lo que no siempre es posible, por razones diversas. La conciencia de la sociedad civil sobre esta materia también es relevante, y desde este punto de vista, la educación es un elemento fundamental. El nivel de preparación ha mejorado. Contamos con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) que es un marco normativo español que establece los principios y requisitos para garantizar la seguridad de la información y los servicios públicos electrónicos. Su objetivo es proteger la información frente a amenazas y ataques, asegurando la confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad de los datos gestionados por las administraciones públicas y las empresas que colaboran con ellas. Pero la rápida actualización de las tecnologías disruptivas, y de los hackers, hace que realmente constituya un proceso permanente, una carrera sin final. El esfuerzo debe ser alto porque tenemos depositadas en las nuevas tecnologías nuestras vidas (economía, salud, educación, transporte, etc).

P.- Ha presentado su libro Régimen jurídico de la medicina y telemedicina digital en el que aborda el marco legal del empleo de las nuevas tecnologías y todas sus posibilidades asociadas en un sector tan importante como la salud. ¿En qué consiste su reflexión? ¿Qué mensaje traslada en su publicación sobre las nuevas dimensiones de la telemedicina digital?

R.- Este libro es la última aportación, hasta el momento, a una línea de investigación que cultivo desde el comienzo de mi carrera académica. Es el libro número 33 (entre más de 200 publicaciones), y supone adecuar la incesante actividad del ámbito digital al sector de la salud. En especial a la medicina y telemedicina digital. La esperanza de vida durante el siglo XX se incrementó desde los 35 años hasta los 84-85 años de media en la actualidad. Y es previsible que en el siglo XXI esa esperanza de vida continue incrementándose, con calidad de vida, hasta más allá de los 110 años. Todo ello será posible personalizando, e incluso customizando, la atención sanitaria a todos los ciudadanos. Y para ello, ya se están logrando grandes avances con base en la ciencia del big data, algoritmos, inteligencia artificial generativa, cadenas de bloques, IoT, Apps, robótica, plataformas, análisis de voz y de lenguaje corporal, reconocimiento de iris, etc. Todo ello se aplica, y se intensificará en el futuro, a la medicina y a la telemedicina. Por este motivo es digital. En este escenario, este libro presenta un análisis riguroso y detallado de todo este espectro, en el ámbito internacional, de la Unión Europea y estatal, que propicia una continuidad asistencial desconocida hasta el momento, con posibilidades que casi alcanzan la “ciencia ficción”. Lo cierto es que se mejora la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación y el derecho debe acompañar y acompasar esta revolución para que la misma no produzca efectos indeseados (vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas, privacidad, etc). La ciencia se nutre de pequeños pasos y este en uno más (que toma como base los anteriores, y sirve de precedente a los posteriores). Esta es la misión de la universidad y de este investigador en su condición de catedrático de Derecho Administrativo.