La huelga de jueces y fiscales alcanza un seguimiento del 75 % en Almería entre protestas por la politización de la justicia

La primera jornada de huelga convocada por cinco asociaciones judiciales y fiscales contra las reformas del Gobierno en materia de justicia ha contado con un amplio seguimiento en la provincia de Almería, donde se estima que entre el 70 y el 75 % de los jueces y fiscales han secundado el paro este martes. Por ejemplo, en los juzgados de Roquetas de Mar, el seguimiento ha sido pleno, con la única excepción de la juez de guardia, que ha mantenido su actividad habitual para garantizar los servicios esenciales.

La huelga, que se prolongará hasta el jueves, ha sido impulsada por las principales asociaciones profesionales de jueces y fiscales –Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), Asociación de Fiscales (AF) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)–, como protesta frente a dos reformas legislativas promovidas por el Gobierno: el proyecto que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial y el anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

“Un éxito” para las asociaciones convocantes

Los convocantes han calificado esta primera jornada de huelga como un “éxito” y han afirmado que tres de cada cuatro jueces y fiscales han apoyado la protesta en toda España. En rueda de prensa, la presidenta de la APM, María Jesús del Barco, ha explicado que la cifra se ha obtenido a partir de comunicaciones remitidas a través de cuentas de correo habilitadas y de la información facilitada por jueces decanos. “A los jueces nos cuesta mucho hacer huelga. Pedimos disculpas por los perjuicios causados, pero es necesario”, ha subrayado Del Barco.

Desde la AJFV, su portavoz Sergio Oliva ha señalado que nunca quisieron llegar a este escenario, pero acusan al Ministerio de Justicia de haber “ignorado completamente las advertencias” del sector. En la misma línea, la presidenta de la AF, Cristina Dexeus, ha reprochado a la Fiscalía General del Estado haber instado a los fiscales a acudir a todos los señalamientos previos, una directriz que, a su juicio, “interfiere en el derecho de huelga”.

El eje de la protesta: la estabilización de interinos

Uno de los puntos centrales de la movilización es el rechazo al proceso de estabilización de 1.004 jueces y fiscales sustitutos incluido en la reforma de la Ley del Poder Judicial. Las asociaciones convocantes sostienen que este procedimiento vulnera los principios constitucionales de mérito, capacidad e igualdad, y denuncian que supone una desconsideración hacia los opositores que preparan durante años el acceso a la carrera judicial.

Según han expresado, la reforma “hiere de muerte al cuerpo de opositores” y “pone en peligro la independencia judicial al incorporar por vía de estabilización a personal que no ha superado las exigencias de acceso establecidas por la Constitución”.

Jueces y fiscales sustitutos: “Se está usando la huelga para desprestigiarnos”

Frente al planteamiento de los convocantes, las asociaciones de jueces y fiscales sustitutos han manifestado su rechazo frontal a la huelga. En un comunicado conjunto firmado por la Asociación Plataforma Judicatura Interina (APJI) y las Asociaciones de Abogados Fiscales Sustitutos (AAFS), denuncian que la movilización tiene un carácter “regresivo” y se está utilizando para “desprestigiar a un colectivo que sostiene una parte esencial de la justicia española”.

Según los datos que manejan, los jueces sustitutos dictan más del 14 % de las sentencias del país, mientras que los fiscales sustitutos desarrollan casi el 20 % de las funciones del Ministerio Fiscal. Consideran que la huelga no reivindica derechos ni mejoras para quienes sufren la precariedad laboral, sino que se convoca contra quienes aspiran a consolidar su situación profesional mediante un proceso que cuenta, aseguran, con respaldo en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Las asociaciones de interinos critican que se menosprecie su experiencia profesional por no haber superado una oposición “memorística” y defienden que su acceso se ha producido por concursos públicos de méritos. “Muchas de esas oposiciones se superan a edades tempranas y sin experiencia en el ejercicio del Derecho. Nosotros acumulamos años de práctica jurídica contrastada”, subrayan.

Datos confusos sobre la actividad en los juzgados

Pese al alto seguimiento declarado por las asociaciones, la repercusión práctica de la huelga ha sido desigual. En la Audiencia Nacional, por ejemplo, las vistas y declaraciones previstas se han desarrollado con normalidad en su mayoría, salvo un seguimiento más notable en la Sala de lo Contencioso. En los juzgados madrileños de Plaza de Castilla, la jornada ha transcurrido como cualquier otra, según testigos presenciales.

En Almería capital, según fuentes de la Ciudad de la Justicia, el seguimiento ha rondado el 75 %, aunque no se han facilitado cifras precisas sobre juicios suspendidos. Algunos letrados han señalado que han podido celebrar sus señalamientos con normalidad, mientras otros han informado de suspensiones puntuales por la huelga.

En Roquetas, donde el seguimiento ha sido casi total, se ha garantizado únicamente el servicio de guardia, como estipulan los mínimos esenciales de actividad judicial.

El Gobierno pide datos para descontar el salario; el CGPJ no colaborará

El Ministerio de Justicia ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía General del Estado que le remitan el listado de jueces y fiscales que han secundado la huelga con el objetivo de detraerles el salario correspondiente.

Sin embargo, el CGPJ ha recordado que el pasado jueves acordó no considerar anunciada la huelga de jueces, al carecer esta de base normativa específica. Por ello, ha respondido que no recabará datos sobre el seguimiento de los paros.

El Ministerio ha pedido además a los letrados de la Administración de Justicia que informen de los señalamientos previstos y los que se suspendan por inasistencia judicial, en una maniobra que ha sido interpretada por las asociaciones convocantes como un intento de intimidación.

Las asociaciones decidirán el viernes si prolongan la protesta

Los portavoces de las cinco asociaciones judiciales han anunciado que se reunirán este viernes para evaluar el impacto de la huelga y decidir si emprenden nuevas acciones, sin descartar una ampliación del paro a más jornadas en las próximas semanas.

Entretanto, los jueces y fiscales sustitutos continúan sus negociaciones con el Ministerio, el CGPJ, la Fiscalía y los grupos parlamentarios, con el objetivo de que la reforma legal permita la estabilización del personal interino conforme a las directrices europeas, sin que ello implique el despido masivo de los casi 1.000 jueces y más de 400 fiscales sustitutos en activo.