El Estado indemniza con 111.000 euros a un guardia civil herido al frenar un robo en La Mojonera

El Gobierno ha indemnizado con 111.845 euros a un guardia civil que resultó herido en acto de servicio tras impedir un robo en una vivienda de La Mojonera, en plena pandemia. La compensación económica llega casi cinco años después de los hechos, tras una dura batalla judicial marcada por la insolvencia del condenado.

Los hechos ocurrieron el 21 de noviembre de 2020, cuando dos individuos accedieron a dos casas del municipio almeriense con la intención de robar. Una patrulla de la Guardia Civil sorprendió a los ladrones, y en su intento de huida, uno de ellos empujó violentamente a un agente, arrojándolo al suelo. Las lesiones sufridas por el guardia civil fueron de tal gravedad que necesitó 437 días para estabilizarse médicamente.

El agresor fue condenado en 2023 por el Juzgado de lo Penal número 2 de Almería por robo con fuerza en casa habitada en grado de tentativa, atentado a agente de la autoridad y lesiones, con penas que suman dos años y dos meses de prisión y una multa de 720 euros. También se estableció una indemnización que el delincuente nunca pagó al declararse insolvente.

Ante esta situación, el agente –afiliado a la Asociación Pro Guardia Civil (Aprogc)–, con el respaldo del despacho PenalTech, tuvo que acudir a la Administración General del Estado, que finalmente ha asumido el pago completo de la indemnización.

“Primero archivaron el caso. Después conseguimos reabrirlo y lograr una sentencia favorable. Pero la insolvencia del agresor nos obligó a seguir peleando hasta que el Estado asumiera su responsabilidad”, explica Francisco José Peláez, abogado de PenalTech y responsable jurídico de Aprogc. “Hoy podemos decir con satisfacción que el agente ha sido resarcido”, añade.

El caso, según señala Aprogc, “evidencia la necesidad de reforzar las garantías para los agentes que se juegan la vida en la calle”.

PenalTech, con sede en varias capitales andaluzas y especializada en Derecho Penal y Ciberdelincuencia, ejerce desde 2021 como asesor jurídico penal de Aprogc. En 2022 fue acreditado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad como primer despacho penalista andaluz con esta distinción.