El auto que sacude la Diputación de Almería: la caída del "dentista", el blanqueo familiar de fondos y la aquiescencia de Javier Aureliano

La mañana del 18 de noviembre de 2025 quedará grabada en la historia política de la provincia como el momento en que la Guardia Civil cruzó el umbral de la calle donde reside la máxima autoridad supramunicipal. Pero lo que ha motivado la entrada y registro en el domicilio de Javier Aureliano García, presidente de la Diputación, y de su mano derecha, Fernando Giménez, no es una mera sospecha administrativa. Es, según se desprende del auto de 66 páginas que autorizó los registros y detenciones de aquel día, al que ha tenido acceso Diario de Almería, una arquitectura criminal presuntamente diseñada desde la propia Presidencia para el saqueo de las arcas públicas y el posterior blanqueo de capitales a través de una estructura familiar hermética.

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, Eduardo Martínez Gamero, no utiliza eufemismos. El documento judicial dibuja a un presidente que, lejos de ser engañado por subordinados, presuntamente mostraba una total "aquiescencia" con la trama, utilizando un lenguaje en clave —la jerga del "dentista"— y valiéndose de sus hermanos para ocultar un flujo de dinero en efectivo que la Unidad Central Operativa (UCO) ha sido incapaz de justificar con sus ingresos legales.

El "Dentista" y la cronología de la infamia

El corazón de la investigación, y el indicio más demoledor contra García, reside en su teléfono móvil y en la supuesta sincronización perfecta entre sus decisiones administrativas y las comunicaciones de la trama.

El auto judicial desvela un episodio que la UCO considera el punto de partida de la investigación: la adjudicación del contrato de material sanitario a la empresa Azor Corporate Ibérica, S.L. en lo más crudo de la pandemia. Esta adjudicación, firmada de puño y letra por Javier A. García a propuesta de su vicepresidente Fernando Giménez, se cerró con un sobrecoste que el juez califica de desproporcionado.

Los investigadores han detectado sobrecostes de "945.327,61 euros", una cifra que representa exactamente el "42,27% del contrato total". Este dinero, lejos de destinarse a mascarillas o geles para los pueblos de Almería, fue presuntamente desviado y “retornado ficticiamente” a una presunta sociedad instrumental controlada por los investigados, denominada CORPFAM.

Pero lo que vincula penalmente al presidente no es solo la firma, sino el contexto. El juez destaca el uso de un "lenguaje encriptado" en las comunicaciones entre el exvicepresidente tercerio Óscar Liria (ya detenido en los primeros compases del caso en 2021), Fernando Giménez y el propio Javier Aureliano. Términos como "dentista", "muelas picadas", "cambiar la piñata" o "limpieza" trufaban sus conversaciones de WhatsApp mientras se tramitaban licitaciones millonarias.

El auto recoge un hecho de enorme valor probatorio y "demoledor" para el juez por su precisión temporal: el 8 de abril de 2020, Javier Aureliano firmó el Decreto de adjudicación del contrato sanitario. A las "20:53 horas" de ese mismo día, "solo tres minutos después de la firma del Decreto", el presidente envió un mensaje de WhatsApp a la trama. El contenido era un único carácter: un "emoticón de un diente".

Para los investigadores y para el juez instructor, este mensaje no es una casualidad, sino la confirmación de la "aquiescencia" del presidente. Era la señal de que el trabajo administrativo estaba hecho y de que, en consecuencia, podía activarse el cobro de las comisiones. La “piñata” estaba lista para ser arreglada, o al menos así lo interpreta la justicia.

"La familia como lavadora"

Si la adjudicación de contratos públicos era la fuente del dinero ilícito, la familia García Molina, según los indicios plasmados en el auto, era la lavadora donde se blanqueaba. La investigación patrimonial ha puesto el foco en el círculo más íntimo del presidente: su hermana M. R. G. M. y su hermano J. C. G. M..

El juez autorizó la entrada y registro en los domicilios de ambos hermanos basándose en patrones financieros anómalos que sugieren que actuaban como testaferros o depositarios del dinero en efectivo de origen ilícito. El análisis de las cuentas bancarias ha arrojado datos incompatibles para los investigadores con la lógica de una economía doméstica estándar.

El auto detalla "ingresos en efectivo sin justificación" en una cuenta de la hermana del presidente. No eran para gastos menores, sino para pagar cuotas hipotecarias por valor de "19.750 euros", ingresados en ventanilla, sin correspondencia con nóminas ni transferencias trazables.

Aún más llamativa es la operativa detectada en la compra de inmuebles: el juez reseña una entrega de "20.000 euros en efectivo" para adquirir una parcela. En pleno siglo XXI, la familia del presidente operaba con fajos de billetes.

Pero lo más relevante es lo que no aparece: el auto subraya la "inexistencia de retiradas de efectivo de sus productos bancarios" por parte de Javier Aureliano durante largos periodos. La pregunta del instructor es obvia: ¿Cómo vive el presidente de la Diputación si no saca dinero de sus cuentas oficiales?

La tesis policial —avalada indiciariamente por el juez— es que el investigado vivía del dinero B, mientras sus sueldos oficiales se mantenían intactos o se canalizaban hacia inversiones.

La conexión ‘Fines’: OYC y Pulconal

El auto judicial amplía el foco hacia una presunta corrupción sistémica en el área de Fomento y Obras, conectando la Presidencia con el municipio de Fines y los dos Rodrigos: el alcalde Rodrigo Sánchez Simón y su hijo. Dos sociedades resultan clave: PULCONAL y OYC Servicios Urbanos, S.L.

PULCONAL, que según la investigación estaría controlada por “personas interpuestas” por Óscar Liria, fue adjudicataria de “16 contratos públicos”, pese a que —según el auto— "carecía de actividad previa, maquinaria y personal". Un cascarón.

Por su parte, OYC Servicios Urbanos, S.L., vinculada a los Rodrigos, recibió “17 contratos públicos” de la Diputación y del Ayuntamiento de Fines. El juez habla de “evidencia de concierto previo” en estas adjudicaciones.

El papel de Fernando Giménez

Fernando Giménez, diputado delegado de Presidencia, aparece como el ejecutor técnico imprescindible. Fue él quien propuso la contratación de Azor Corporate y quien actuó como nexo entre la voluntad del presidente y la ejecución de los expedientes. Su domicilio y su despacho también fueron objetivos de los registros.

La UCO sostiene que su intervención fue indispensable para dar apariencia de legalidad a expedientes que podrían estar viciados de nulidad, como la compra de mascarillas a una empresa sin experiencia sanitaria.

El aseguramiento del botín

La contundencia del auto del 17 de noviembre se refleja en las medidas cautelares patrimoniales adoptadas. El juez no ha esperado al juicio para actuar contra el patrimonio de los investigados; ha ordenado el estrangulamiento financiero de la trama ante el periculum in mora (peligro de que el dinero desaparezca).

Se ha ordenado el "bloqueo de productos financieros" de Javier Aureliano, Ferrnando Giménez y los empresarios implicados. Esto incluye cuentas corrientes, depósitos, valores y acciones. Nadie puede mover un euro.

Además, se ha procedido al "bloqueo de cajas de seguridad". El juez sospecha que parte del botín en efectivo, aquel que no se gastó en hipotecas o parcelas, descansa en cofres bancarios alquilados a nombre de los investigados o sus empresas.

El embargo preventivo alcanza también al ladrillo y al motor. El auto prohíbe disponer, vender o gravar dos fincas registrales titularidad expresa de Javier Aureliano. También se han inmovilizado vehículos de alta gama, identificados por sus matrículas, pertenecientes a la mercantil GESA Andalucía 2004, S.L., otra de las piezas del puzle societario.

La autorización judicial incluye el “copiado-volcado (‘clonado’)” de todos los dispositivos electrónicos incautados: móviles, ordenadores, nubes, correos y comunicaciones en WhatsApp y Telegram, incluso borradas.

El auto menciona también la sospecha de uso de criptomonedas para blanquear capital, autorizándose el rastreo de “exchanges” (plataformas para este tipo de divisas) y la transferencia de cualquier criptoactivo hallado a billeteras seguras de la Administración de Justicia.

Un futuro político ya sentenciado

La operación desplegada no es un movimiento improvisado, sino la culminación de una investigación iniciada en 2021. El auto del juez Martínez Gamero constituye una acusación indiciaria devastadora. Una con la que intenta desmontar la defensa de la ignorancia por parte del ya expresidente provincial.

Para el magistrado, Javier Aureliano no miraba hacia otro lado: enviaba el emoticono del diente para confirmar que la mordida estaba lista. Y su familia, lejos de ser ajena, presuntamente prestaba sus nombres y cuentas para lavar el dinero de todos los almerienses.

La instrucción entra ahora en una nueva fase con el análisis de los terabytes de información incautada. Pero con los datos ya en el sumario —los 945.000 euros de sobrecoste, los mensajes en clave y los pagos en efectivo—, el futuro político de la cúpula de la Diputación ya ha quedado, por el momento, sentenciado.