Mujer de agua
JUCIL y CEM alertan del "colapso" de la seguridad en Roquetas y critican el plan para las 200 Viviendas
Las organizaciones policiales denuncian la falta de efectivos y aseguran que las nuevas medidas dejan desprotegido al resto del municipio
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La asociación profesional de la Guardia Civil (JUCIL) y el sindicato independiente Colectivo de Emergencias Municipales (CEM) han elevado una enérgica protesta este martes ante lo que consideran una "crítica situación de abandono institucional y desprotección" que afecta a los agentes de ambos cuerpos en Roquetas de Mar.
Según el comunicado remitido a los medios, la situación ha llevado a los patrulleros a un "estado de colapso físico y mental" derivado de una concurrencia de factores, entre los que destacan el "déficit crónico de efectivos" y el incumplimiento sistemático de las ratios de policía por habitante. A esto se suma el desplazamiento de organizaciones de narcotraficantes a la costa y el aumento poblacional en verano, que "triplica" el número de residentes sin que se activen refuerzos.
Las organizaciones han puesto el foco en la gestión del barrio de las 200 Viviendas, al que describen como un "gueto donde impera la ley del más fuerte", con problemas constantes de tráfico de drogas, prostitución y riñas violentas. La tensión aumentó tras hacerse público el hallazgo de un cadáver en julio, un hecho que, según denuncian, "no fue relevante para tomar ninguna medida adicional" hasta su divulgación en prensa en noviembre.
JUCIL y CEM han sido muy críticos con las consecuencias de la última Junta Local de Seguridad. Denuncian la emisión de una Orden de Servicio que obliga a patrullar únicamente el barrio de las 200 Viviendas, una decisión que califican de "parche político" que expone a los agentes utilizándolos como "un escudo humano".
Esta medida, advierten, provoca el "secuestro" de los escasos medios de seguridad, dejando al resto del municipio y a los contribuyentes "al amparo de su suerte". Además, señalan la "inutilización de los calabozos de la Policía Local", lo que obliga a la Guardia Civil a actuar de transporte de detenidos, impidiendo labores de prevención de la delincuencia.
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