El juez cita a siete testigos que aseguran haber cobrado por su voto en Carboneras

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vera ha acordado la citación de siete nuevos testigos en la causa abierta por la presunta compra de votos durante las elecciones municipales de 2023 en Carboneras, en la que se encuentra investigado el exalcalde Felipe Cayuela (PP).

Así consta en un auto dictado el pasado 10 de julio, al que ha tenido acceso EFE, en el que se alude a nuevos indicios revelados por la Policía Judicial y se considera necesario practicar más diligencias para delimitar la naturaleza de los hechos y la identidad de sus presuntos responsables.

La resolución judicial, firmada por el magistrado titular del juzgado, acuerda que los testigos comparezcan el próximo 13 de agosto, entre las 10:30 y las 12:00 horas, y recoge que dichas citaciones se producirán "por el medio más rápido".

Se trata de personas que, según el atestado policial incorporado recientemente a la causa, habrían declarado ante los investigadores haber recibido dinero a cambio de su voto en los comicios locales del pasado año.

El procedimiento tiene su origen en una denuncia presentada por el entonces candidato de Ciudadanos, actual alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, que fue admitida a trámite en mayo del pasado año. En la causa figuran como investigados tres varones, entre ellos Felipe Cayuela, el cabeza de lista del Partido Popular en aquellas elecciones, su hermano y otra persona cercana al entorno del partido, padre de una concejal.

La instrucción se enmarca en el ámbito de los delitos electorales regulados por leyes especiales, y parte de las pesquisas han sido desarrolladas por el equipo de Policía Judicial adscrito al juzgado.

Según expone el auto, en esta fase procesal no se trata de acreditar de forma definitiva los hechos denunciados, sino de practicar únicamente aquellas diligencias “mínimas e imprescindibles” para que el órgano judicial pueda adoptar una decisión con suficiente respaldo fáctico.

La resolución recuerda que no es objetivo de la instrucción realizar una prueba plena de los hechos, sino esclarecer de forma preliminar las circunstancias del caso y la posible participación de las personas implicadas.

Por ello, el juez considera procedente llamar a declarar a los testigos señalados en el folio octavo del atestado policial, ya que sus manifestaciones resultarían relevantes para los fines de la investigación en curso.

El auto también precisa que contra la resolución cabe recurso de apelación en los términos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sin necesidad de agotar previamente el de reforma. El plazo para presentar este recurso es de cinco días desde su notificación.

En paralelo a esta causa, el Partido Socialista presentó otra denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Vera, en la que aportó una grabación de una conversación telefónica en la que se ofrecían presuntamente votos a cambio de dinero y se aludía directamente al candidato del PP.

Esta grabación habría sido realizada por un concejal socialista en presencia de dos ediles del gobierno local de entonces, y se incorporó junto con capturas de pantalla de mensajes en redes sociales sobre intentos de compra de votos.

Ambos procedimientos se centran en esclarecer si se articuló una red de compra de sufragios durante la campaña electoral de 2023 y quiénes pudieron haber participado en ella.