Esther Sabio es madre de una joven que cuando tenía 14 años fue agredida sexualmente por su novio -también menor en ese momento-, y otros dos amigos de éste. Tras una espera demasiado larga para esta familia, finalmente el exnovio de su hija ingresó a finales de noviembre en un centro de menores para cumplir su pena de siete años de internamiento por la violación. Fue necesario esperar que el Supremo confirmase la pena del Juzgado de Menores, que ya había sido ratificada a su vez por la Audiencia Provincial de Almería.

Sin embargo, el periplo judicial relacionado con este caso está lejos de acabar. El condenado se enfrenta a otro procedimiento en el que la Fiscalía de Almería ha interesado 24 meses de prisión para él y para otro joven al que el Ministerio Público acusa de decirle a la víctima: “te vamos a volver a violar”, cuando los tres se encontraron en el festival ‘Solazo’ de Almería.

Aunque fue en mayo de 2019 cuando presuntamente se produjeron estas amenazas, que desembocaron en la denuncia de una violación que su hija había sufrido años atrás, aún no hay fecha para este nuevo juicio. “La justicia es justa si no es lenta”, afirma Esther, a quien han advertido que la vista oral puede irse a 2025.

“Al final le doy la razón a mi hija. Cuando pase todo esto, nos iremos de Almería. Pero si alguien le toca un solo pelo, voy a pedir responsabilidades, desde el más bajito, al más altito, porque he avisado. Son peligrosos”, sostiene.

Lamenta también que sólo uno de los violadores esté en un centro de menores. “A los otros dos nunca se les ha juzgado. A uno -el mismo que será enjuiciado por amenazas-, porque una fiscal no vio delito, y otro porque alguien no ha hecho bien su trabajo para identificarlo”, resalta.

Mientras, su hija dice que intenta “avanzar” sin lograrlo por estos retrasos judiciales. “Intentas, no rehacer tu vida, sino hacerla sin miedos, ataques de pánico o ansiedad (...) A día de hoy tengo un trabajo más o menos estable, pero es un proceso que se alarga tanto… Desde 2019 no sé nada, no me dan respuesta de ningún tipo. Aunque pueda seguir haciendo mi vida poco a poco, eso te desgasta mentalmente. Tengo miedo, aunque sepa que no, de que las amenazas prescriban”, desvela la víctima, quien también teme que “después de tener tantas trabas, tantos problemas para demostrar todo aportando todo tipo de pruebas y testigos”, la pena pueda verse reducida por las dilaciones en el proceso.

Miguel Martínez Molina, abogado de la familia de la víctima.

La Fiscalía pide para los acusados sendas penas de 24 meses de prisión y dos órdenes de alejamiento de 500 metros durante cuatro años para ambos acusados por un delito de amenazas no condicionales, con la agravante de parentesco en el caso del exnovio.

La misma pena que reclama el letrado Miguel Martínez, quien aspira a que la orden de alejamiento dure seis años. “La pena máxima a la que se enfrentan es de dos años. Si no es de dos años y un día, no tienen que ingresar en prisión, por eso queremos conseguir los máximos años de alejamiento posibles”, explica.

“Ahora mismo uno de los principales culpables -el exnovio- está cumpliendo pena en un centro de menores, a pesar de que tiene 26 años y de que todavía no se ha justificado cómo la puede cumplir ahí con un delito de esta envergadura. Me pongo diciembre como fecha límite, si no hay fecha de juicio, para presentar un escrito y solicitar que justifiquen el porqué de la tardanza”, revela.

“Aún más cuando más este chico se encuentra en el centro de menores y podría cumplir pena prisión si se le juntan los dos delitos”, apostilla el abogado, quien precisa que “la única excusa que pueden poner es el tema del COVID, que paralizó bastante los juzgados, porque si no, no tiene explicación en un procedimiento de amenazas cuando la fase de instrucción está finalizada hacía tiempo”.

“Los escritos de acusación y de defensa se han presentado. Lo único que falta es señalar fecha. Se ha abierto un penal nuevo, que está muy libre de de fechas de señalamiento, por lo que no tiene lógica que no haya un señalamiento”, concluye.