De Italia a Holanda sin salir de Almería: el insólito 'tour' bancario de un estafador internacional

La Audiencia Provincial de Almería juzga este lunes a un hombre que se enfrenta a cuatro años de prisión por el desvío ilícito de más de 75.000 euros a través de diecisiete transferencias bancarias no autorizadas realizadas desde las cuentas de un vecino de Pechina. Este proceso judicial busca esclarecer un presunto delito continuado de estafa que afectó tanto al titular de los fondos como a la propia entidad financiera, tras un rastreo de movimientos de capital que cruzaron varias fronteras europeas durante apenas cinco días de actividad frenética.

Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Fiscal, consultado por Europa Press, el procesado habría actuado movido por un claro ánimo de lucro injustificado para vaciar las cuentas del perjudicado. Además de la pena de privación de libertad, la Fiscalía solicita la imposición de una multa de diez meses con una cuota diaria de doce euros, lo que sumaría un total de 3.600 euros adicionales en concepto de sanción penal para el encausado.

Los hechos que ahora llegan a juicio se remontan al periodo comprendido entre el 14 y el 18 de julio de 2017, un intervalo de tiempo donde la seguridad bancaria se vio comprometida de forma sistemática. Durante esas jornadas, el acusado presuntamente orquestó una serie de operaciones telemáticas sin contar con el consentimiento necesario para disponer del dinero ajeno, provocando un perjuicio económico inmediato y de gran envergadura al titular legítimo de la cuenta.

El grueso de la operativa se centró en la ejecución de transferencias internacionales que buscaban, presuntamente, dificultar el rastreo del dinero al enviarlo a cuentas situadas en distintos países del entorno europeo. Entre los destinos identificados por los investigadores se encuentran Italia, Alemania, Francia y Holanda, configurando un complejo mapa de movimientos financieros que finalmente ha desembocado en esta vista oral en la capital almeriense tras años de instrucción.

No obstante, el presunto estafador no solo utilizó cuentas en el extranjero para sus fines, sino que también habría destinado parte de los fondos a un depósito en España del cual él mismo era el titular legítimo. Esta maniobra, según la tesis de la acusación, evidencia la conexión directa entre el presunto autor de los hechos y el destino final de las cuantías sustraídas al vecino de la localidad de Pechina, facilitando su identificación posterior.

Un entramado de cuentas internacionales

El desglose detallado de las operaciones revela una precisión técnica alarmante, ya que el acusado efectuó dos transferencias específicas por un importe de 7.994 euros hacia una cuenta de otra entidad bancaria de su propiedad. Este movimiento interno dentro del sistema financiero nacional se complementó con acciones de disposición de efectivo mucho más directas y tradicionales, alejadas de la sofisticación de las transferencias Swift internacionales.

En concreto, el Ministerio Público sostiene que el procesado realizó dos extracciones en cajeros automáticos por un valor total de 1.000 euros, utilizando para ello una tarjeta de crédito asociada a la cuenta donde previamente había desviado el capital. Estas extracciones físicas de dinero en metálico refuerzan la acusación de enriquecimiento ilícito que pesa sobre el hombre que hoy se sienta en el banquillo de los acusados en la capital.

En lo que respecta a la responsabilidad civil, la Fiscalía ha solicitado formalmente que el acusado indemnice a la entidad bancaria por el montante total de las transferencias realizadas de forma fraudulenta. Cabe destacar que el banco ya procedió a la restitución íntegra de las cantidades a la víctima original, por lo que ahora la justicia busca resarcir a la empresa por las pérdidas patrimoniales asumidas durante este proceso.

La vista oral está programada para comenzar a partir de las 10:00 horas ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería, donde se espera una jornada de intensa actividad judicial. El tribunal deberá escuchar el testimonio del acusado, así como analizar las exhaustivas pruebas documentales aportadas por las partes para determinar la autoría y el grado de responsabilidad en este caso de estafa agravada.

El veredicto de la Sección Tercera

El procedimiento judicial incluirá la práctica de todas las pruebas admitidas, centradas en demostrar la trazabilidad de los 75.270 euros que desaparecieron de las cuentas del perjudicado hace casi una década. La resolución de este caso marcará un precedente importante en la provincia sobre la persecución de delitos tecnológicos y financieros que traspasan las fronteras nacionales, demostrando que el rastro digital es imborrable para la justicia.

Finalmente, el juicio servirá para determinar si concurren todas las agravantes propias de un delito continuado, lo que justifica la elevada petición de pena por parte de la acusación pública. La comunidad de Pechina y el sector bancario permanecen atentos a un fallo que podría enviar un mensaje contundente contra quienes utilizan las nuevas tecnologías para vulnerar la propiedad privada y la confianza en el sistema financiero.