La Audiencia Provincial de Almería acogerá el próximo martes el inicio de la vista oral contra los trece acusados de pertenecer a una presunta trama para evadir a Hacienda y blanquear capitales a través de dos sociedades del Grupo Obrascampo, dedicado a la construcción y promoción inmobiliaria. Se juzgará, entre otros, al propietario y fundador del Grupo Obrascampo, Antonio José Pérez Torres, que se enfrenta a penas de 17 años y medio de prisión y al pago de multas de más de 5 millones de euros por delitos contra la hacienda pública, insolvencia punible y blanqueo de dinero.

Así consta en la calificación del fiscal, consultada por Efe, en la que también se acusa a Israel M.M., quien fue administrador de dos sociedades del grupo, Obrascampo SL e Impronixar SL, para el que pide las mismas penas que para Pérez Torres por idénticos delitos. El fiscal afirma que ambos eran los administradores de "hecho y de derecho" de Obrascampo SL e Impronixar SL, y que con la "expresa colaboración y pleno conocimiento del resto de los acusados en su condición de intermediarios", despatrimonializaron las sociedades del Grupo Obrascampo con la "finalidad de sustraer de los bienes a sus legítimos acreedores, fundamentalmente la Hacienda Pública".

Lo habrían hecho con la "ocultación de forma continuada" de dichos bienes a través de un entramado societario mediante numerosas sociedades interpuestas "dificultando a su vez la identificación del verdadero titular y gestor del Grupo Obrascampo SL, el acusado Antonio José Pérez Torres, mediante sucesivos nombramientos". En este sentido, apunta que Obrascampo debía a la Hacienda Pública en diciembre de 2015 un total de 14.773.464,48 euros, mientras que en 2014 Impronixar adeudaba otros 39.788,36 euros.

Sostiene que el "vaciamiento patrimonial" de Obrascampo SL se desarrolló de 2009 a 2013 mediante una serie de operaciones de daciones en pago y ejecuciones hipotecarias, de modo que "renunciando a la exención del IVA se obtuvieron importantes cantidades de dinero que no fueron ingresados en el Tesoro Público". La Fiscalía mantiene que los acusados ocultaron dichas cantidades "mediante transferencias circulares entre diversas sociedades del Grupo Obrascampo, sistema denominado 'rueda de talones', o mediante la simulación de préstamos con otras sociedades del grupo y mediante operaciones de ocultación de sus bienes inmuebles".

Al mismo tiempo, "iban devengando deudas con la Hacienda Pública e incumpliendo los aplazamientos concedidos para su pago", hasta llegar al punto en el que en el patrimonio de esta sociedad sólo quedaron "inmuebles de imposible realización que hacen inviable para la Hacienda Pública el cobro de sus deudas".