La Junta diseñará un 'escudo' específico para los menores tras los fallos del crimen de Abla

La tragedia de Abla, donde dos niñas de 2 y 4 años fueron asesinadas por su padre en marzo de 2024 en un acto de violencia vicaria, ha servido de doloroso catalizador para revisar los mecanismos de protección de la infancia en Andalucía. La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha aceptado la sugerencia del Defensor del Pueblo Andaluz y se ha comprometido a estudiar la elaboración de un protocolo específico e integral de intervención para los casos de violencia de género que afecten a menores como víctimas directas o indirectas.

La decisión se produce tras el cierre de la queja de oficio iniciada por la institución que dirige Jesús Maeztu, que realizó un pormenorizado análisis del itinerario judicial y social que vivieron la madre y sus hijas antes del crimen. El objetivo de este nuevo protocolo es taponar las grietas de coordinación detectadas entre la vía penal —que investigaba al padre por malos tratos— y la vía civil —que acabó permitiendo visitas sin supervisión—, para "alcanzar una mayor protección a este colectivo especialmente vulnerable", según reza la respuesta de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación.

El "automatismo" letal

El análisis del caso realizado por el Defensor y la Fiscalía de Almería es demoledor respecto al funcionamiento de la administración. Aunque inicialmente se activaron todas las alertas, con orden de alejamiento, pulsera telemática para el agresor y paso de la madre y las niñas por casas de acogida en Almería y Granada, el sistema falló en la fase de seguimiento.

El informe de la Defensoría revela que, estando en vigor las medidas cautelares penales, se tramitó de forma paralela el procedimiento civil sobre la guarda y custodia. En ese contexto, se llegó a un acuerdo para establecer visitas en el Punto de Encuentro Familiar (PEF). Sin embargo, tiempo después, y a petición de la propia madre, se eliminó la supervisión del PEF, permitiendo que el padre tuviera acceso libre a las niñas.

Fue en ese escenario, con el juicio penal contra el padre a punto de celebrarse, cuando el agresor aprovechó la desprotección de las menores para envenenarlas con pesticida en un cortijo de Alboloduy y suicidarse posteriormente. El Defensor subraya que las niñas quedaron "absolutamente a su merced" en un momento de máximo riesgo.

Uno de los puntos más críticos señalados en el expediente proviene de la Fiscalía Provincial de Almería, que advirtió de la existencia de un "cierto automatismo" en los juzgados a la hora de homologar acuerdos de familia, incluso cuando existen antecedentes por violencia de género. El Ministerio Fiscal alertó del peligro de no cruzar adecuadamente la información de la causa penal con la situación de los menores en los procesos civiles.

Respuesta de la Administración

En su respuesta al Defensor, la Junta de Andalucía ha recordado que ya existen herramientas vigentes, como el protocolo de 2021 para evitar la victimización secundaria, y que los equipos técnicos de los Puntos de Encuentro Familiar tienen la potestad, según el Decreto 79/2017, de proponer la paralización de las visitas si observan riesgo para la integridad de los menores.

No obstante, la administración autonómica ha reconocido la necesidad de ir un paso más allá. Agradeciendo el estudio del Defensor tras el "fatídico suceso", la Consejería se compromete a trabajar en este nuevo instrumento que garantice que ninguna decisión sobre el régimen de visitas se tome sin una valoración integral del riesgo real que corre el menor, evitando que la situación de vulnerabilidad de las madres —a menudo extranjeras y sin red de apoyo, como ocurrió en Abla— derive en una rebaja de las medidas de seguridad.

El nuevo protocolo buscará una actuación coordinada y sin fisuras entre la administración de Justicia, la Fiscalía, los servicios sociales, las fuerzas de seguridad y los organismos de igualdad, con el fin último de que no se repitan desenlaces irreversibles como el de Elisa y Larisa.