Juzgarán al exalcalde de Albánchez por 19 contrataciones irregulares sin proceso selectivo

La Fiscalía pide 10 años de inhabilitación para Francisco Martínez García y 8 para la secretaria-interventora por prevaricación

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El exalcalde de Albanchez, Francisco Martínez García, en una foto de archivo.
El exalcalde de Albanchez, Francisco Martínez García, en una foto de archivo. / JAVIER ALONSO

El exalcalde de Albánchez, Francisco Martínez García, se sentará en el banquillo del Juzgado de lo Penal nº 5 de Almería acusado de haber realizado, entre 2011 y 2015, 19 contrataciones de personal municipal sin proceso selectivo. La Fiscalía sostiene que actuó “con pleno conocimiento de su ilegalidad”, vulnerando los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso al empleo público.

Entre los contratos investigados figuran plazas de peones agrícolas y de obras públicas, limpiadores, monitores de actividades culturales, socorristas y promotores culturales, muchos de ellos sufragados con subvenciones. El Ministerio Público detalla que en 2015 el entonces alcalde dictó resoluciones para contratar por dos meses a varias personas en tareas de limpieza, jardinería y mantenimiento del mobiliario urbano, y que incluso llegó a formalizar un contrato indefinido de limpieza de edificios administrativos.

En la misma causa está procesada la secretaria-interventora del Ayuntamiento, que habría actuado como cooperadora necesaria al refrendar las resoluciones sin formular reparo alguno.

La acusación pública pide para Martínez García 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, y para la secretaria-interventora, 8 años.

El juicio oral comenzará el 13 de mayo de 2026 a las 11:10 horas en la Sala de Audiencias del Penal nº 5, donde están citados acusados, testigos y representantes procesales.

La causa se abrió en 2017 en el Juzgado de Purchena. Para la Fiscalía, los hechos constituyen un delito continuado de prevaricación administrativa, previsto en el artículo 404 del Código Penal.

El caso se suma a otros procedimientos abiertos en la provincia sobre la gestión de contrataciones municipales y vuelve a situar bajo la lupa judicial a los pequeños consistorios, donde, según el Ministerio Público, la contratación “a dedo” habría sustituido durante años a los cauces legales.

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