El niño que no existe (oficialmente) en Almería

Un niño de Almería se encuentra en un limbo jurídico que amenaza su salud. Nada más nacer permaneció ingresado en el hospital luchando contra múltiples patologías severas que requieren atención continua, pero para la administración no existe. Un bloqueo burocrático ha impedido su inscripción en el Registro Civil, dejándolo sin identidad legal y, por tanto, sin acceso efectivo a derechos fundamentales como la atención médica completa, la prescripción de fármacos o la posibilidad de una intervención quirúrgica urgente.

La situación ha sido destapada por una resolución del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, a raíz de una queja presentada por los Servicios Sociales de un municipio de la provincia que no ha sido concretado. Según relata el texto, el padre del menor inició los trámites fuera de plazo debido al estrés de atender a otros dos hijos y a la gravedad del estado del bebé, que permaneció hospitalizado desde el nacimiento. Sin embargo, diversos "bloqueos y demoras administrativas" han impedido completar el registro.

La urgencia del caso llevó a pedir auxilio a la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Almería. La respuesta de la administración autonómica fue lavarse las manos: argumentaron que no tenían expediente abierto del menor en el Servicio de Protección de Menores y que no era de su competencia el funcionamiento del Registro Civil.

Esta respuesta ha provocado una contundente réplica del Defensor. Maeztu recuerda a la Delegación que, aunque la inscripción es un trámite judicial, cuando los padres no pueden o no lo hacen, la administración tiene la obligación de actuar. La resolución subraya que se está vulnerando el derecho de una persona menor de edad a tener identidad, recogido en la Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía.

El Defensor advierte que esta pasividad administrativa, aunque sin intención de abandono explícito, está creando una situación de desprotección de facto. Por ello, ha ordenado a la Junta que realice las actuaciones necesarias, de forma directa o en colaboración con otras instituciones, para asegurar la inscripción "sin dilaciones" del menor y garantizar su cobertura sanitaria inmediata.