El número de agresiones físicas al personal de la Sanidad aumenta en un 83% en la provincia de Almería

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, primera fuerza sindical multiprofesional en el Servicio Andaluz de Salud, denuncia que la provincia ha registrado un aumento del número de agresiones al personal de la Sanidad de un 14%, según los datos presentados por el Registro Informático de Agresiones de Centros (RIAC), dependiente del Servicio Andaluz de Salud(SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias. Sin embargo, para el sindicato el dato especialmente preocupante es el aumento de agresiones físicas que se ha visto casi duplicado en el último año, en concreto, con un incremento de un 83%, pasando de los 18 ataques físicos registrados en 2024 a los 33 del pasado 2025.

Para el Sector de Sanidad de CSIF este aumento es “inadmisible” y, “en esta ocasión no podemos achacar este incremento de violencia ejercida contra los profesionales de la sanidad en Almería a la incorporación de las estadísticas del Hospital de Poniente, puesto que este es el tercer año que se incluyen sus cifras en el cómputo global”, ha recordado la responsable provincial del Sector Sanidad de CSIF, Belén Granados.

Por todo ello, CSIF ha exigido a la Consejería de Sanidad una revisión del plan contra agresiones al personal del Sistema Sanitario Público de Andalucía, que en 2025 marcaron récord histórico. Según los datos facilitados por la Administración, el año pasado se registraron 1.976 episodios violentos contra los profesionales de la sanidad pública andaluza.

La central sindical ha señalado que “esta escalada de violencia contra los trabajadores es intolerable” y por ello ha pedido al SAS que dichos datos se trasladen de manera inmediata al foro del Observatorio de Agresiones a Profesionales del SAS para su análisis y posterior puesta en marcha de medidas preventivas de refuerzo. El Sector de Sanidad también ha reclamado a la Administración “que no deje pasar ni un minuto más para proceder a la revisión del Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones, algo que no se hace desde 2020 aunque esté establecido que el plazo máximo es de dos años”.

CSIF, asimismo, ha recordado que “la Administración sigue incumpliendo su compromiso de contar con un régimen sancionador contra agresiones, del que aún no hemos recibido ni un primer borrador. Al igual que los responsables al frente de la Consejería cambian, esperamos que la manera de abordar este problema también y el actual consejero impulse medidas reales contra esta lacra presente en nuestra sanidad pública. Necesitamos un refuerzo de las medidas disuasorias porque los profesionales no pueden trabajar con miedo”.

Según los datos facilitados en la Mesa Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, 387 de las agresiones denunciadas en 2025 fueron físicas (19,58 %), mientras que 1.589 fueron verbales (80,42 %). “Los profesionales deben tener claro que no solo hablamos de violencia cuando es física y que los insultos, faltas de respeto y amenazas también son agresiones”, ha explicado el sindicato, que ha recordado que el Código Penal protege la integridad de los profesionales de la sanidad, reconociéndolos como autoridad pública e imponiendo penas de prisión y multas a sus agresores.

Del mismo modo, a juicio de CSIF “es importante que la Administración impulse campañas de información y formación para los profesionales y de sensibilización para la población en general”. Según los datos aportados por la Administración, una parte significativa de las agresiones se deben a causas relacionadas con las demandas del usuario y con su desacuerdo con las normas de funcionamiento o tiempos de atención en los centros. “En CSIF tenemos claro que no se puede dejar pasar ni una agresión y por eso realizamos una constante labor de sensibilización”, ha explicado el Sector de Sanidad. Por ámbito, en Atención Primaria se produjo el 51,37 % de las agresiones y en hospitales el 48,63 %.

Falta de personal

La Central Sindical ha reivindicado que, además de revisar el plan de agresiones y contar con un régimen sancionador, las medidas para acabar con la lacra que supone la violencia contra los profesionales de la sanidad pública también pasan “por reforzar las plantillas en centros de salud y hospitales. La falta de personal no es una justificación de las agresiones, pero a nadie se le escapa que contar con más trabajadores supondría una mejora de los servicios que se prestan y ayudaría a rebajar estos episodios”. De igual manera, el sindicato ha apuntado a la necesidad de contar con más personal de seguridad en los centros sanitarios como medida de prevención.