Es una cuestión de tiempo, quizá de madurez y de disponibilidad de recursos económicos que tanto el Gobierno como las comunidades autónomas asimilen la necesidad de implementar más obligaciones de servicio público (OSP) en los aeropuertos de la red secundaria. Es la mejor herramienta para que no se pierdan líneas estratégicas de baja densidad de tráfico a las que no llega la iniciativa privada. Sin este instrumento fundamental para el desarrollo de la aviación regional no se podría garantizar una adecuada prestación de rutas aéreas regulares en las regiones ultraperiféricas, desfavorecidas, insulares y aisladas, privadas en definitiva de las condiciones de movilidad y cohesión social del resto de territorios. Países como Francia, Noruega, Suecia, Italia o Portugal vienen apostando por el desarrollo y sostenimiento de la aviación regional y de aeropuertos de segundo y tercer nivel a través de la financiación de obligaciones de servicio público mientras que en España este instrumento se ha centrado principalmente en darle continuidad a las comunicaciones ferroviarias y marítimas. Frente a las 57 líneas francesas con OSP (31 subvencionadas) sólo existen 18 en nuestro país de las que apenas cinco cuentan con una dotación económica. Están reguladas por el Consejo Europeo desde el 24 de septiembre de 2008 y la primera que entró en funcionamiento fue la que une Madrid y Estrasburgo a instancias de la propia institución comunitaria para dar cobertura a los eurodiputados y funcionarios que viajaban a la capital europea y la ha venido operando la filial de Iberia Air Nostrum. Poco después se extendió esta figura a las rutas de las islas Canarias y Baleares y se estableció la subvención sólo para las que tenían la doble insularidad como los vuelos de La Gomera con Gran Canaria, El Hierro y Tenerife y también para la línea de Mahón a Madrid sólo entre los meses de octubre a marzo. Años más tarde, inició su andadura la única ruta dentro de la península, la de Almería con Sevilla, siendo un modelo a copiar por otras ciudades con aeropuertos de segunda clase como las dos recientemente aprobadas en Badajoz con Madrid y Barcelona y también por Melilla, aún en fase embrionaria de tramitación, con Granada, Almería y Sevilla. La línea andaluza sentó las bases de la importancia de subvencionar rutas a las que no llega la iniciativa privada. Es la única fórmula para rescatar rutas de interés allí donde se fueron hasta la low cost. En total son 20 en España (13 en Canarias, 4 en Baleares, la de Almería y dos más en Extremadura) sin contar la de Bruselas y las que han iniciado su gestación en Melilla.