La Audiencia Provincial ya ha dictado sentencia (172/2020) contra cinco colaboradores de Emilio Torrecillas, que todavía este verano seguía en paradero desconocido mientras el resto de los acusados se sentaban en el banquillo, en la que han sido condenados por delitos contra la hacienda pública, otro continuado de falsedad documental y uno más de blanqueo de capitales cometidos entre 2007 y 2010. La Operación Aceite del Servicio de Vigilancia Aduanera y Guardia Civil logró poner al descubierto esta trama de fraude millonario con el gasóleo adulterado en un atestado del 17 de junio de 2010 y diez años y un mes más tarde llega el fallo por parte de un tribunal presidido por el magistrado Luis Columna con penas que han sido rebajadas por la dilación en la causa que arrancó en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Huércal-Overa, por la “fuga” del cerebro de la organización y porque reconocieron los hechos.

La acusación la ejerció la Abogacía del Estado, en nombre de la Agencia Tributaria, y en la vista en juicio oral y público el 9 de julio se corroboró el modus operandi de una organización que para urdir el plan utilizó principalmente tres sociedades: Gasóleos Las Palmeras, cuyo objeto era la compra y venta de gasoil, y las mercantiles ERTA Servicios y Corporación Butchart para el transporte de combustible y derivados. A la nave de Cantoria llegaban en cisternas el aceite para su mezcla procedente de Fuenlabrada. Allí la sociedad Tratamiento de Aceites y Marpoles (Tracemar) los obtenía de un proceso de regeneración para lubricantes y cuando se destinan al comercio intracomunitario están exentos de tributación. De ahí que inventaran sociedades que compraban ese líquido en Italia (Edil 2000 SRL y K&T) y Francia (Eur Star Oilviarlo y Eur Guernika), pero realmente acabaría en Almería.

En cuatro años realizaron 515 operaciones internacionales, pero ninguna cisterna salió de territorio español. La justicia ha verificado que para darle apariencia de legalidad a las operaciones de venta de aceite reciclado, uno de los acusados Darío José G. R. confeccionó una serie de espurios documentos de transporte consistentes en albaranes y cartas de porte ficticias. Y Francisco Javier P., empleado de la máxima confianza de Emilio, organizaba el transporte de las cisternas de aceite industrial a la nave de Cantoria, la mezcla con el gasoil y venta a terceros del combustible adulterado a través de sus propias redes comerciales, pero de forma clandestina, sin facturación. Las mercantiles francesas e italianas nunca compraron aceite o no existían. No fueron las únicas sociedades de la trama. Torrecillas adquirió una pluralidad de bienes inmuebles a nombre de terceras personas, generalmente jurídicas, incluso alguna sin existencia real, ya que algunas son extranjeras figuran disueltas en su respectivo país, pero el acusado tiene el poder para disponer de su patrimonio.

Con ayuda de testaferros realizó una ocultación de bienes, si bien nunca dejó de ejercitar las funciones de dirección y decisión de las sociedades. Nascar Challenge fue una de las más importantes de la red y tenía por domicilio fiscal en Madrid el mismo en el que aparece otras 450 sociedades y de administrador a Desiderio Palomares en paradero desconocido. También figura Hamilton Organisation SL, irlandesa, estando disuelta desde 2001, pero con la que venían operando a través de un poder.  En el escrito de calificación provisional, la Fiscalía interesó penas que van del año y medio de cárcel a los 14 años de prisión para los integrantes de un supuesto grupo dedicado a vender gasoil adulterado a estaciones de servicio y de transportes con la excepción de Torrecillas para el que pedía más de 16 y una multa de casi 5 millones de euros por lo defraudado. Al final, a la espera de la sentencia de Torrecillas, los demás implicados han tenido los siguientes correctivos: Francisco Javier P. M., condenado a 12 meses por cuatro delitos contra la hacienda pública y al pago de poco más de un millón por lo defraudado, a cinco meses y diez días por falsedad en documento mercantil y a 45 días de multa a razón de seis euros diarios y pago de 36.419 euros por blanqueo.

Vicente A. L., vecino de Huércal-Overa, responde como cooperador necesario con sanción de 890.000 euros por tres delitos contra la hacienda pública y multa de 45 días a seis euros diarios por blanqueo de capitales. Darío José G. R. en el mismo concepto es castigado con 12 meses de cárcel por los cuatro delitos contra la hacienda y multa de poco más de un millón de euros, además de cinco meses y diez días por falsedad documental. Ignacio C.F. a tres meses de prisión por delito contra la hacienda y multa de 260.000 euros y Gerardo F.M. a multa de 23.650 euros por blanqueo. Las multas superan los tres millones de euros pero ante la insolvencia de los procesados serán abonadas mediante el aval, como responsable civil subsidiario, que en su día aportó una de las empresas implicadas, la extinta sociedad Tracemar SLU -hoy Sertego Servicios Medioambientales-.