Patricia Ramírez, la madre de Gabriel Cruz: "No vivo; no me dejan vivir"

“Llevo un año recibiendo informaciones continuas de fuentes que están dentro y fuera de prisión, referentes a la persona que me arrebató lo más sagrado de mi vida”. Con estas palabras, Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, ha roto este miércoles su silencio en una rueda de prensa cargada de dolor, impotencia y exigencias hacia el Estado. Acompañada por su psicólogo, ha denunciado públicamente amenazas de muerte, la presunta connivencia de funcionarios con Ana Julia Quezada –asesina confesa de su hijo de ocho años–, la existencia de móviles con imágenes íntimas y material vinculado a un documental, y una cadena de omisiones institucionales que, asegura, la han dejado sola.

“No vivo. No me dejan vivir. Tengo miedo. Y eso es así desde hace un año”, ha afirmado con la voz entrecortada. Patricia ha descrito una situación de “revictimización continua” que comenzó con la preparación de un documental no autorizado y se ha agravado con nuevas informaciones que apuntan a irregularidades en el interior de la prisión donde se encuentra recluida Quezada.

Según ha relatado, ha intentado “hacer llegar que dentro de estos móviles, además de diferentes imágenes sexuales, existen grabaciones e imágenes que tienen que ver con el documental” sobre Ana Julia Quezada, la asesina de Gabriel. Añade que ha trasladado esta información a distintas instancias: “Intento hacer llegar que no solo son dos funcionarios; por lo menos a mí me constan cuatro. Pero tampoco se me atiende”.

Patricia Ramírez asegura que ha pedido protección en reiteradas ocasiones: “Yo no sé si ustedes se imaginan lo que es tener que entender que las prisiones fallan, que la seguridad falla, después de haber llegado al mismo Senado y haber pedido un pacto de Estado para que se nos protegiera de todo esto”.

Se queja de que, tras ocho años de lucha, aún no ha recibido una respuesta digna: “No se me podría haber protegido solo a mí, sino también a otras personas. El caso de Ruth Ortiz, a la que ayudamos para intentar parar su libro, y otras que por miedo a salir se encuentran completamente indefensas cuando sus maltratadores vuelven a aparecer en los medios”.

Amenazas de muerte de Ana Julia Quezada y presuntos privilegios

Entre las revelaciones más graves, Patricia ha asegurado que Ana Julia Quezada habría llegado a decir que la “quiere matar”. “Según las fuentes que me llegan, se la ha escuchado no solo hablar mal de mí, sino llegar a decir delante de otras personas que sí, que me quiere matar”, ha declarado, visiblemente afectada.

También ha denunciado que, según esa misma información, Quezada podría estar utilizando su notoriedad pública para obtener beneficios penitenciarios. “Tengo la sensación de que aquí, si esto de los traslados es verdad, si es cierto que por su notoriedad pública ella pueda estar utilizándola dentro de prisión para conseguir determinadas cosas, chantajear o hacer ‘true crime’…”, ha dicho.

La madre de Gabriel ha cuestionado que se le dé tanta cobertura mediática a personas condenadas por delitos tan graves: “¿A costa de qué se le está dando tanta fama a estos asesinos? ¿A qué precio? ¿Para vender nuestra amargura como espectáculo?”.

Una denuncia ignorada

Patricia Ramírez recuerda que el procedimiento actual se inició con una denuncia suya. Sin embargo, lamenta que no se le haya permitido aportar todo lo que sabe: “Si este procedimiento empieza por una denuncia mía, y saben que tengo acceso a esas fuentes y me está llegando mucha más información, no entiendo que nadie me atienda. Yo he sido quien ha destapado esto”.

Afirma con rotundidad que “la situación de vulneración de derechos y de no asistencia institucional y policial está más que justificada”. “El Estatuto de la Víctima dice que los cuerpos de seguridad y las administraciones judiciales han de hacer evaluaciones antes, durante y después del procedimiento para protegernos y evitar la revictimización. Y esto no se está cumpliendo”, ha dicho.

Además, denuncia que no se le ha informado con claridad sobre el estado de las diligencias abiertas contra funcionarios penitenciarios: “Desde Ávila me llegaba la información de que se había procesado a dos funcionarios. Yo no tengo constancia de que haya dos; solo de uno. Y del resto no se me ha dado ninguna explicación”.

El duelo interrumpido: "No nos dejan vivir en paz"

Patricia ha insistido en que cada noticia sobre el caso, cada nueva aparición de Quezada en los medios, reabre una herida imposible de cerrar: “La revictimización la sufrimos cada vez que sacan nuestro caso, nuestro nombre, o hacen este tipo de documentales. No nos dejan hacer nuestro duelo y nos recuerdan cada día lo peor que tuvimos que pasar”.

Además, ha detallado lo que supone la “victimización secundaria”: “Es tener que escribir papeles, acudir a los juzgados, solicitar justicia gratuita, ir a la fiscalía, acercarse al Defensor del Pueblo, al del menor…”.

“Todos ustedes son testigos del trabajo ingente que llevo haciendo ocho años solicitando que, por favor, nos dejen tranquilos y nos eviten más sufrimiento. Esto no lo digo yo, lo dice el Estatuto de la Víctima del Delito al amparo de la normativa europea y de los derechos humanos”.

Dinero, móviles y silencio institucional

Otra cuestión que ha querido poner sobre la mesa Patricia Ramírez es el posible movimiento de dinero vinculado a la producción del documental y su efecto en la responsabilidad civil aún pendiente: “Después de ocho años, la responsabilidad civil no está resuelta. Ni siquiera está declarada insolvente. Si ha habido un movimiento de dinero, si se la ha ayudado, y se ha trasladado a determinados sitios para poco a poco ir metiéndose dentro de prisión al amparo de ese documental… que se investigue”.

Sobre los teléfonos móviles dentro de la cárcel, asegura que no se trata de un caso aislado: “Lo que me consta es que son varios. Incluso que presumiblemente se alquilan y se pasan de unas a otras dentro de la cárcel. Y hay otras irregularidades”.

Además, Patricia Ramírez ha hecho un llamamiento a los medios de comunicación: “Apelo a que den las noticias protegiéndonos a las víctimas. No necesitamos hablar del hacha, que ya se sabe que fue una mentira de ella. Ni de los tangas. Sino que hablemos de lo que importa: del incumplimiento de las normativas que protegen a las víctimas y de la falta de precaución en prisiones al conceder entrevistas sin contar con nosotras”.

Y ha concluido con una súplica: “Por mi parte, solo quiero pedirles que me protejan. Y que hagan una labor de investigación para que otras víctimas no tengamos que pasar por esto nunca más”.

En nombre de Patricia Ramírez, su acompañante ha cerrado la rueda de prensa recordando que “el calvario ha sido y es extraordinario”. “No se trata de crear una legión de psicólogos para limpiar el dolor del alma, sino de crear las condiciones adecuadas para que no se ensucie tanto el mundo en el que vivimos”. “Vamos a intentarlo por enésima vez”, ha dicho. “No sé si será la última, pero al menos vamos a intentarlo”.