Investigan a funcionarios de la prisión de Brieva por facilitar un móvil a Ana Julia Quezada a cambio de sexo

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ávila mantiene desde hace casi un año una investigación abierta por un presunto delito de cohecho que afecta a varios funcionarios del centro penitenciario de mujeres de Brieva, donde cumple condena Ana Julia Quezada, la autora del asesinato del niño almeriense Gabriel Cruz en 2018. Según ha informado este martes El País, las diligencias apuntan a que algunos trabajadores públicos habrían mantenido relaciones sexuales con Quezada a cambio de facilitarle un teléfono móvil, objeto que la reclusa habría utilizado para grabar parte de esos encuentros y tratar de chantajear a la dirección del centro con el fin de obtener un traslado.

De acuerdo a la información publicada por dicho periódico, las declaraciones ante la Guardia Civil de un educador del centro, tres internas y la pareja actual de Quezada —una mujer— apuntan todas en la misma dirección. Todos coinciden en que la reclusa, condenada a prisión permanente revisable por el asesinato del pequeño Gabriel, habría mantenido relaciones con funcionarios y con al menos un cocinero del centro penitenciario. Las grabaciones realizadas con el teléfono, según las mismas fuentes, habrían sido utilizadas por la interna para amenazar a la dirección de la prisión, con la intención de presionar para su traslado a Barcelona.

En un informe recogido por El País y elaborado por la directora de la prisión de Brieva, Laura Pérez, se recoge que “la interna manifiesta tener un móvil con una serie de grabaciones, entre ellas, imágenes de vídeo en las que aparece el funcionario en su celda”. Este dispositivo, siempre según la versión de la interna, le habría sido proporcionado por el funcionario que ahora figura como investigado en el procedimiento, y que fue detenido el pasado 4 de septiembre de 2024 como presunto autor de un delito de abuso de función pública.

El mismo informe revela que Quezada comunicó en una entrevista con el educador penitenciario que se consideraba víctima de una violación, al haber mantenido relaciones sexuales con el funcionario en una situación en la que este se habría aprovechado de su posición de poder y superioridad jerárquica.

Amenazas, chantajes y encubrimientos

Según los testimonios recabados por la Guardia Civil y a los que ha accedido El País, Ana Julia Quezada habría llegado a amenazar con “hundir el centro y a su dirección” si se revelaban las grabaciones. A su vez, el funcionario investigado presuntamente alertaba a la interna sobre la inminencia de registros y cacheos, para que pudiera ocultar el terminal y evitar su detección. En algunos casos, el móvil incluso habría sido escondido en el domicilio particular del funcionario, de acuerdo a lo declarado.

El origen de la investigación, tal como relata El País, está en una denuncia pública que Patricia Ramírez, madre del pequeño Gabriel Cruz, realizó el 11 de mayo de 2024 en una rueda de prensa celebrada en Almería. En aquella comparecencia, Ramírez aseguró haber tenido conocimiento directo de que la asesina de su hijo disponía de un teléfono móvil en prisión, que usaba para conceder entrevistas a periodistas y contactar con una productora interesada en grabar un documental sobre su vida y el asesinato del niño.

Ramírez, que lleva años denunciando la exposición mediática del dolor de las víctimas de crímenes atroces —junto a otras madres como Ruth Ortiz—, explicó que ya había advertido personalmente a los responsables del Ministerio del Interior en diciembre de 2023, durante una reunión con el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, y el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz. La falta de respuesta llevó a la madre del niño asesinado hasta el Senado el 11 de junio del mismo año, donde denunció su indefensión como víctima y alertó del riesgo de una nueva revictimización a través del documental en ciernes.

Posteriormente, presentó una denuncia formal que dio pie a la apertura de diligencias judiciales en el juzgado abulense. No obstante, tal como explica El País, ni Patricia Ramírez ni Ana Julia Quezada han podido personarse como acusación particular, ya que el juez instructor no las considera “ofendidas o perjudicadas” en relación con el delito de cohecho que se investiga.

Cómo entró el teléfono y cómo desapareció

En su declaración ante los investigadores, la pareja de Ana Julia Quezada detalló que en septiembre de 2023 el cocinero de la prisión contactó con ella para concertar la entrega del teléfono móvil. El encuentro tuvo lugar el 1 de octubre de ese año en un aparcamiento, donde la mujer le entregó el terminal. Posteriormente, y con ayuda del funcionario investigado, el teléfono habría sido introducido en la celda de la interna.

Después de la denuncia pública de Patricia Ramírez y la orden del Ministerio del Interior para registrar la celda, el móvil fue presuntamente retirado del centro. La pareja de Quezada explicó que le fue devuelto durante un vis a vis aprovechado para sacar el terminal de prisión antes de la inspección oficial. El registro resultó infructuoso y el teléfono nunca fue localizado, a pesar de que Quezada fue sometida a régimen de aislamiento durante varios días.

Además, siempre según lo relatado por El País, la pareja de Quezada reconoce que esta mantuvo relaciones con al menos dos funcionarios a cambio de regalos, aunque asegura no tener constancia de si las grabó.

Por su parte, el juzgado ha emitido un oficio, fechado el 6 de marzo, en el que se amplían las diligencias con el objetivo de valorar la apertura de expedientes disciplinarios tanto contra Ana Julia Quezada como contra el cocinero del centro, si bien ninguno de ellos figura formalmente como investigado en la causa por el momento.

La cárcel de Brieva, situada en la provincia de Ávila, alberga actualmente a unas 70 internas. En ella cumple condena Ana Julia Quezada desde hace años, y recientemente ha solicitado ser trasladada a un centro penitenciario de Barcelona, lo que según las fuentes citadas por El País podría estar vinculado directamente con los presuntos chantajes ejercidos a partir del material audiovisual grabado con el móvil.

La investigación continúa abierta.