Condenado el dueño de un perro peligroso que atacó a dos guardias civiles en Aguadulce

En noviembre de 2019, se produjo en el núcleo de Aguadulce (Roquetas de Mar, Almería) una redada practicada por agentes de la Guardia Civil, autorizada judicialmente, que acabó con la detención de los miembros que formaban parte de la junta directiva de la asociación cannábica.

Tras finalizar el acceso al primero de los locales de la asociación, los agentes procuraron el acceso al segundo de ellos, local que servía de domicilio de uno de los acusados. Estando este en su interior, al intentar el acceso, los agentes se percataron que el mismo tenía un perro de los considerados potencialmente peligrosos (PPP), ordenándole que lo atara, procediendo el mismo en un primer momento a cumplir la orden y poniéndole el bozal.

Una vez que los agentes policiales accedieron al interior de la vivienda, el acusado, con intención de atentar contra la integridad física de los guardias, le quito el bozal al animal y le dio dos palmadas en el lomo alentando a que les atacara, momento en el que el perro se abalanza sobre el primero de los agentes, al que mordió en varias ocasiones en la pierna, siendo ayudado por el segundo de los agentes, al que igualmente mordió en la mano cuando intentaba quitar al perro de encima de su compañero.

Como consecuencia de los hechos, el primero de los agentes sufrió diversas heridas consistentes en hematoma en tercio medio de pierna derecha de 18x 6 cm, herida incisa en hueco poplíteo derecho, tres heridas por desgarro y una erosión lineal con hematoma en la cara interna del muslo derecho. Para su curación el agente necesitó de antibióticos, vacuna antitetánica, analgésicos, antiinflamatorios, y curas diarias y tardó en curar 36 días dejándole importantes secuelas.

El segundo de los agente, sufrió heridas en la muñeca, que necesitó para su curación de vacuna antitetánica, analgésicos, y un punto de aproximación y tardó en curar 15 días.

Los acusados fueron condenados por varios delitos contra la salud pública, a penas que van desde un año a 3 años y dos meses. Igualmente fueron condenados por un delito de asociación ilícita a dos años de prisión.

Por el delito de atentado contra agente de la autoridad con instrumento peligroso, el acusado ha sido condenado a la pena de 3 años y 2 meses de prisión, debiendo indemnizar a los agentes en 6400 € al primero de ellos, y a 700 € al segundo.

En palabras del abogado de los Guardias Civiles, Fran Peláez, del despacho de abogados PenalTech, servicios jurídicos de la asociación profesional APROGC, “lamentablemente, en ocasiones, se hace uso de perros de raza peligrosa como medio para atacar a la víctima. Esto supone una circunstancia que agrava el castigo para el culpable como así ha ocurrido en nuestro caso, en el que los Guardias Civiles únicamente pretendían hacer su trabajo”.