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La actividad pesquera es sector primario por lo que no tiene obligación de parar, si bien hay embarcaciones de bajura que no pueden cumplir con los requisitos en materia de seguridad sanitaria de la tripulación y se ven abocadas a ello, por lo que sería causa de fuerza mayor. He aquí un conflicto que el sector pesquero intenta resolver mediante un escrito firmado pro la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (FAAPE) que enviará al Gobierno para que le saque de dudas.
Con los dos reales decretos publicados derivados de la propagación del Covid-19: el correspondiente a la aplicación del Estado de alarma y el referente a las medidas económicas que lo desarrolla, el sector entiende que con el articulado que recoge el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor como el cese de la actividad por contagio de la plantilla, el que recoge medidas extraordinarias, y la Ley de prevención de riesgos laborales, que las embarcaciones de bajura pueden paralizar su actividad por causas de fuerza mayor lo que conlleva la exoneración de las cuotas de la Seguridad Social y el mantenimiento a los trabajadores de todos los beneficios como cualquier otra empresa reconocida en esos reales decretos. “Tenemos la duda, y así nos lo ha hecho llegar el Instituto Social de la Marina (ISM), de que la interpretación puede ser contraria, ya que al ser un sector primario no está obligado a parar por lo que no tiene ‘derecho’ a presentar un ERTE por fuerza mayor, por lo que nos guiaríamos por la legislación laboral común, que conlleva que el trabajador se va al paro y agota sus cuotas de desempleo y la empresa está obligada a pagar el 70% de la base de cotización, lo que es un agravio comparativo con el resto de sectores puesto que la crisis nos afecta a todos”, citan desde el sector pesquero, que dice hallarse en un limbo y verse desamparado ante esta situación, ya que si el Gobierno veta en las medidas extraordinarias a los barcos que por sus condiciones técnicas no pueden garantizar la salud de los trabajadores sería un nuevo mazazo para el sector.
La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha trasladado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que el Gobierno de España no ha tenido en cuenta la realidad del sector pesquero andaluz, al obviar en su Real Decreto por el que se declara el estado de alarma a las empresas armadoras que dejan de faenar como consecuencia de las medidas a aplicar para contener la expansión del coronavirus. La consejera ha reclamado, en primer lugar, que el Gobierno incluya al sector de la pesca extractiva como actividad afectada y que se incluyan en el artículo 23 del RD aquellas empresas armadoras que no puedan realizar su actividad con las suficientes garantías sanitarias o de mercado y opten por la presentación de un ERTE estén excluidos del pago de las contingencias empresariales a la Seguridad Social. En segundo término, Crespo ha pedido al Gobierno que sopese reclamar al Comisario que el FEMP contemple ayudas para atender las necesidades de la flota afectada por ésta situación de crisis sanitaria, a través de una modificación del Reglamento por paralización temporal, y la creación de un fondo de mutualidad. Y, por último, que el Gobierno de España articule ayudas de acompañamiento al sector para paliar esta situación de crisis económica derivada.
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