El principio del fin del sueño convertido en pesadilla: comienza la revisión de la licencia de El Algarrobico

Veintidós años después de conceder la controvertida licencia de obras del hotel de El Algarrobico, el Ayuntamiento de Carboneras ha abierto este viernes el proceso para declarar su nulidad de pleno derecho. La decisión se ha tomado en un pleno extraordinario marcado por las ausencias y el cruce de reproches políticos, con una votación que sacó adelante el expediente con siete votos a favor, los de los siete concejales presentes.

Entre los votos favorables, el del alcalde Salvador Hernández (Ciudadanos), cinco ediles del Partido Popular y el del Andrés Belmonte, antiguo militante socialista y formalmente miembro aún de este grupo político. El pleno arrancó con cinco ausencias, entre ellas la del portavoz socialista José Luis Amérigo, cuyo viaje “programado desde hace más de dos meses” fue justificado mediante un escrito leído en sala; o la del exalcalde Felipe Cayuela, que esta misma semana ha anunciado que deja el PP para pasar a ser no adscrito.

Una vieja licencia bajo el foco judicial

La propuesta aprobada plantea la revisión de oficio del decreto de 2003 por el que el Ayuntamiento concedió licencia a Azata del Sol S.A. para construir un macrohotel de 411 habitaciones en el sector ST-1, junto a la playa de El Algarrobico, dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. La decisión se adopta en cumplimiento de varias sentencias firmes, la última de ellas del TSJA, que en 2021 ordenó declarar ilegal la licencia.

“Estamos obligados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Este es un trámite más dentro del periplo, podríamos decir, del culebrón que ha sido este proyecto fallido”, afirmó el alcalde en su intervención.

Salvador Hernández se mostró especialmente crítico con las ausencias del grupo socialista, recordando que en 2003 “gobernaban el Ayuntamiento de Carboneras y la Junta de Andalucía”. El regidor lamentó que el pleno haya tenido que celebrarse sin luz ni internet durante buena parte de la mañana, hasta que una funcionaria logró contactar con la empresa responsable del suministro eléctrico.

Durante su alocución, el alcalde ofreció una reflexión personal que resumió el sentir general: “Lo que un día se vendió como un sueño para el pueblo de Carboneras, con el paso de los años se ha convertido en una pesadilla”, dijo. “Este hotel ha hecho mucho daño a la imagen del municipio y seguimos arrastrando sus consecuencias veinte años después”.

Reproches, ausencias y un giro de guion

El portavoz del PP, Lorenzo González Belmonte, arremetió contra la falta de compromiso del PSOE: “Hace cinco meses, la ministra Montero prometió el derribo del hotel. Hoy, sus concejales no están aquí para cumplir esa promesa”.

El debate se vio condicionado además por la ausencia de Felipe Cayuela, edil que esta misma semana anunció su marcha del PP para pasar al grupo de los no adscritos, pero que no asistió ni justificó formalmente su ausencia. Tampoco acudieron Vanessa Fuentes ni Francisco Capel, del grupo socialista, alegando motivos de salud. El alcalde subrayó que “los comunicados vía WhatsApp no son admisibles en una administración pública”.

El pleno aprobó finalmente la incoación del expediente, con su correspondiente trámite de audiencia de diez días a los interesados, en base al artículo 47.1.f de la Ley 39/2015, que establece la nulidad de los actos administrativos dictados prescindiendo del procedimiento o vulnerando normas esenciales.

El TSJA vuelve a presionar con sanciones

El mismo día, el TSJA ha reiterado al Ayuntamiento que sigue sin cumplir la orden de publicar el PGOU corregido, tal como se le requirió en marzo. Mediante un nuevo oficio remitido esta semana, el tribunal ha fijado un último plazo de diez días y ha advertido de la posibilidad de imponer multas coercitivas si persiste el incumplimiento. También ha reclamado por escrito la identificación del funcionario responsable, paso previo a la posible deducción de testimonio.

El hotel de El Algarrobico, paralizado desde 2006, ha sido objeto de una veintena de sentencias judiciales que lo declaran ilegal por ocupar suelo protegido y servidumbre de protección del litoral. El procedimiento de revisión aprobado este viernes constituye un paso clave para su futura demolición, que sigue siendo reclamada por organizaciones ecologistas y por el propio Gobierno central, que prevé iniciar negociaciones con Azata del Sol a partir del próximo 2 de agosto, tras declarar la necesidad de ocupación de los terrenos en el BOE del 2 de julio.